Al leer la Declaración Universal de Derechos Humanos encontramos varios elementos con enfoque de género que, claramente, fueron resultado del esfuerzo de mujeres que supieron trasladar al acta muchas de las necesidades que aún tenemos. El representante de la OACNUDH en Guatemala nos recuerda esa revisión histórica y nuestra participación como sociedad.
Este año se conmemora el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El texto, que consagra un amplio listado de derechos, es considerado transformador al servir de base para todo el desarrollo posterior del derecho internacional de los derechos humanos.
El papel desempeñado por las mujeres en la preparación, redacción y aprobación de la Declaración ha solido pasar desapercibido, y es preciso destacar esas aportaciones que fueron fundamentales para plasmar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de sexo. Eleanor Roosevelt es, sin duda, la más conocida; jugó un rol activo en el comité de redacción y su fama como activista, pacifista y figura política era notoria. No obstante, hubo otras mujeres que contribuyeron a forjar este trascendental documento: la diplomática y feminista Minerva Bernardino, de República Dominicana, logró que se incorporara en el Preámbulo de la Declaración la referencia a “la igualdad entre hombres y mujeres”. La delegada de Pakistán ante las Naciones Unidas e integrante del primer parlamento del recién creado Pakistán, Begum Shaista Ikramullah, consiguió la inclusión de artículos que enfatizaban el tratamiento igualitario y la libertad, como el artículo 16 sobre la igualdad de derechos en el matrimonio y el libre consentimiento de los cónyuges, para combatir, de esa forma, el matrimonio precoz y forzado. La delegada de India, Hansa Metha, fue la responsable de uno de los cambios más significativos, concretamente en el artículo 1, al modificar la frase “Todos los hombres nacen libres e iguales” para que figurara como “Todos los seres humanos nacen libres e iguales”. Sin lugar a duda, la Declaración fue un texto inclusivo por la labor de las mujeres.
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Este incansable trabajo para garantizar los derechos humanos de las mujeres se había iniciado previamente. En 1946 se fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (conocida como CSW por sus siglas en inglés), que constituye el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado, exclusivamente, a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Posteriormente, esta labor ha continuado y fructificado en normas, estándares y mecanismos internacionales específicos de protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas. No es posible mencionarlos todos, pero sí cabe resaltar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como “la Carta fundamental de derechos de las mujeres”, y que es jurídicamente vinculante para los Estados Parte, como Guatemala; y la existencia del Comité de personas expertas que supervisa la Convención (Comité CEDAW), que ha establecido, a través de los años, importantes estándares en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas, como la reciente Recomendación General 39, de 2022, sobre derechos de las mujeres y niñas indígenas.
La pregunta que sigue es obligada: tras estos avances normativos y habiéndose establecido mecanismos internacionales, regionales y nacionales para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿cuáles son los siguientes pasos, tanto a nivel global como concretamente para Guatemala? La respuesta no es fácil ni simple. Un primer paso es reconocer la realidad: a pesar de las normas, mecanismos e instituciones, los derechos humanos de las mujeres continúan siendo sistemáticamente vulnerados en todo el mundo.
La violencia contra las mujeres y niñas basada en género, la discriminación en la educación, empleo, salud y el acceso a la justicia (entre otros), los obstáculos a la participación en las diferentes esferas, incluida la política, económica y cultural, y la ausencia de políticas públicas con enfoque de género, interseccional y pertinencia cultural, imposibilitan poder hablar de una victoria de la igualdad.
Guatemala, desafortunadamente, no es ajena a estos retos y violaciones de los derechos humanos, como lo ejemplifican los altos índices de violencia contra las mujeres (más de 500 femicidios/muertes violentas de mujeres en 2022, según datos del Ministerio Público), o la discriminación contra las mujeres, y en particular contra las mujeres indígenas, como fue indicado con preocupación por el Comité CEDAW en sus últimas Observaciones Finales al Estado.
Los dilatados retrasos del proceso judicial en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, tragedia que el 8 de marzo llega a su sexto aniversario, privan de justicia pronta y reparación a las víctimas y familiares.
El segundo paso y sucesivos comienzan con la voluntad política y social de tomar medidas y asegurar su implementación. Priorizar una agenda de derechos humanos con perspectiva de género, destinar recursos humanos y financieros a instituciones públicas relevantes, coordinar acciones con la sociedad civil y fomentar la participación efectiva de las mujeres en todos aquellos procesos de interés al país son parte de ese recorrido. Esto es responsabilidad primordial del Estado, no obstante otros actores de la sociedad estamos también llamados a acompañar y apoyar.
Mika Kanervavuori es Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) desde 2020.
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