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Acoso sexual en la Policía
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Es un secreto a voces. Las mujeres que trabajan en la Policía Nacional Civil (PNC) sufren acoso sexual constante de parte de sus compañeros y superiores. Pocas se atreven a decirlo. Mucho menos a plantear acciones legales. El acoso no está tipificado y eso vuelve más complejo el problema. Aunque en privado ellas explican los abusos, la institución, encargada de la seguridad pública, oficialmente asegura que la mayoría de denuncias son falsas. A pesar de las acusaciones, la Inspectoría General solo registra una sanción en veinte años.

“Mi papá ya me había advertido. Cuando decidí entrar a la PNC, lo primero que me dijo es que no era un lugar para mujeres”. Ella es una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, que va a contarnos cómo su jefe, un exinspector general de la institución, le acosó e intentó agredirla sexualmente.

No es la única con un testimonio así. Muchas mujeres han sido acosadas dentro de la Policía. Pocas se atreven a compartir su historia, por miedo a que no les crean, por seguridad. Pasa, se sabe que pasa, pero no se dice en público. No se denuncia. No se sanciona.

El Código Penal no recoge ningún tipo de acoso como delito. Esto complica todavía más la investigación de los casos, y desanima a las mujeres a hacerlos públicos.

Este será un relato con pocos nombres. La mayoría de sus protagonistas prefiere permanecer en el anonimato.

El acoso sexual es consecuencia del desequilibrio en las relaciones de poder y de la misoginia. La Policía Nacional Civil —la institución encargada de proteger a la población— no es un espacio aislado del resto de la sociedad. Hubo algunos intentos en el pasado por detener la plaga, pero en la administración actual parecen no tener interés en erradicarlo.

“Haceme caso, qué te cuesta”

El padre de la agente ya le había advertido antes de entrar a la Academia de la Policía. No porque creyese que su hija no tenía la fuerza o la inteligencia. Él conocía la institución y sabía lo que le esperaba. El policía llevaba en la PNC, un lugar “donde los hombres piensan que las mujeres son fáciles y hasta las consideran putas”, le dijo a su hija.

Pero ella resistió: se graduó y se convirtió en agente. En 2001 empezó en la Inspectoría General y ahí conoció a su jefe inmediato —del que no dice su nombre, “por respeto a su familia” –la de él-—. Pasaron los años, ella fue trasladada a otras dependencias para luego regresar a la misma en la que comenzó. Para entonces, él ya había ascendido. Ahora era inspector general.

Un día, ella fue a pedir un permiso para poder ausentarse del trabajo. Estudiaba Derecho y se le complicaba seguir la carrera: los horarios de clase y sus turnos no eran compatibles. El inspector se lo negó.

Días después, ambos se cruzaron en las escaleras del edificio y él la detuvo. “Si querés ir a estudiar, tenés que tener algo conmigo”, le susurró. Ella le miró, asqueada, confundida. “Haceme caso, qué te cuesta”, continuó. En silencio, ella se apartó y siguió su camino, aún más asqueada, aún más confundida.

“Un día, la situación se salió de control”, cuenta la agente. Ella entró a su cuadra —las habitaciones donde los miembros de la policía duermen, separados hombres de mujeres— para ponerse su uniforme. Él estaba dentro.

“Me empecé a cambiar. Terminando estaba, tenía mi arma sobre la litera, cuando me agarró por detrás y empezó a forcejear conmigo”, recuerda. Le preguntaba por qué le despreciaba, por qué no quería nada con él, si se conocían de hacía tiempo. “No tienes nada que perder”, repetía. “Yo le dije que no. Que no quería”.

Como pudo, ella alcanzó su arma. “Usted va a irse a la tumba y de ahí no va a salir. Yo de la cárcel salgo como sea”, le dijo ella con furia. Él la soltó y se fue.

Nunca pensó en poner una denuncia. Asegura que por el mismo motivo por el que no dice su nombre. Por respeto a la familia de él. Pero después de ese evento, ella comenzó a pedir su traslado, para evitar que volviera a suceder. “Porque siempre era lo mismo. Donde lo encontraba, me insinuaba cosas, me preguntaba por qué no le hacía caso”. Y no solo eso. Del acoso sexual pasó al acoso laboral. No le concedía permisos y le asignaba más tareas de las que ella podía cumplir.

Pero, él se enteró de que había pedido su traslado. “¿Qué andás haciendo? ¿Inventando cosas?”, la increpó un día. La autorización tardó meses en emitirse y pasaron semanas hasta que ella fue notificada. El 6 de enero de 2012 la trasladaron.

***

En ocasiones el acoso es sutil, puede hasta pasar desapercibido. Patricia Gamboa, exoficial segunda de la Policía Nacional Civil y la única mujer que sufrió abusos y accedió a que su nombre saliera publicado en este texto, cuenta que un jefe —un comisario general cuyo nombre también prefiere que se omita— le hacía estas insinuaciones poco claras. “A veces me decía: ‘A qué hora sales, te paso a traer, te llevo a tu casa’. Y uno sabe que ese ‘te llevo a tu casa’ no es solo eso”, relata.

Al principio ella trataba de restarle importancia. Lo ignoraba. Pero llegó un momento en que se cansó: “En un convivio me sacó a bailar. Me dijo cosas. Le dije: ‘Ubíquese, porque conozco a su esposa e hijos y no es lo correcto’. Yo traté de manejar la situación a mi manera. Desde ahí sentí que no me miraba igual”.

Él comenzó a molestarse. Le empezó a reclamar que se fuera a su casa a dormir al terminar su jornada. Así que le cambió el horario y le puso más horas de turno. “Él quería que me quedara en la cuadra, pero yo no podía. Ni tenía una cama”, explica.

Otras veces el acoso es violento, entra en el terreno de la agresión sexual, incluso de la violación. Una mujer que trabajó hasta hace poco en la institución —de nuevo, prefiere no decir su nombre— cuenta una experiencia que vivió hace tiempo, cuando tenía 18 años. Un superior la invitó a tomar un café y cuando ella se dio cuenta, él estaba estacionando su vehículo en un motel y la empezaba a manosear. “Mi reacción fue agresiva porque yo tenía mucho miedo”, cuenta.

Una reacción similar a la de la agente de la primera historia. “Le dije: ‘Si usted no me deja, yo le voy a disparar’”. Salió corriendo y él la siguió. Cuando la alcanzó, la amenazó: “No vaya a hacer escándalo”. “Fue en los noventa. En esa época las mujeres no conocíamos nuestros derechos, no había un reglamento ni una ley que protegiera a las mujeres”, explica.

Otra persona, que no pertenece a la institución pero ha trabajado de cerca con las mujeres policías, cuenta la historia de una agente: “Me dijo que entró al lugar donde se encontraba su jefe, en una subestación, y él quiso quitarle la ropa y abusar de ella. Gritó, pidió auxilio. Él le arrancó los botones. Los demás compañeros estaban afuera, sentados. Nadie entró a ayudarla. Como pudo se apartó y salió casi sin ropa. Ninguno dijo nada”.

Varias personas entrevistadas aseguran que las policías homosexuales también tienen problemas. Alma Luz Guerrero, quien fue asesora de género de la Comisión para Reforma Policial desde sus inicios en 2010 hasta finales de 2018, explica que intentaron hacer un estudio sobre esto, con pocos resultados: “El tema es demasiado oscuro y no logramos profundizar. Que un policía sea gay no se destapa, es un tabú terrible”.

La agente del inicio de esta narración cuenta que su jefe también acosó a una compañera lesbiana. “La ridiculizaba delante de otras. La abrazaba a la fuerza, la besaba”. Sugería, dice, que si tenía relaciones con él, la iba a hacer cambiar de orientación sexual.

El elefante que camina diez pasos y avanza uno

 Durante muchos años —todavía antes de que la institución fuera “civil”, en 1997— el acoso en la Policía ha pasado desapercibido. Algunas mujeres repasan mentalmente expresiones y comentarios que recibían recién graduadas, que tomaban como halagos pero que ahora interpretan como claras muestras de abuso sexual.

A partir de la creación de la PNC, los relatos de las mujeres fueron escuchados por personas y organizaciones dedicadas a auditar el funcionamiento de la institución. Algunas, tomaron medidas.

La primera acción,,  introducir el concepto de acoso en el Reglamento Disciplinario de la PNC, en 2003. Dentro de las infracciones graves está desde entonces el “insinuar o acosar en forma frecuente con propuestas de naturaleza sexual a personal subordinado o que esté bajo su custodia”. Esto se convierte en una infracción muy grave si se vuelve reincidente.

Las sanciones por una falta grave van desde la suspensión del trabajo durante nueve días a la limitación durante un año para optar a ascensos, cursos, becas y cargos en la institución. Una falta muy grave puede llegar a implicar la destitución de la persona. Hasta ahora, solo se conoce un caso en el que se ha aplicado la sanción más grave. Ocurrió poco después de publicarse el reglamento —aunque las estadísticas de la Inspectoría General no lo recogen—.

Con la llegada de la Comisión para la Reforma Policial en 2010, se dieron otros avances. Uno de los golpes sobre la mesa fue la creación de una política de género. Cuando Adela Camacho de Torrebiarte lideró la Reforma Policial, en noviembre de 2014, se gestó y aprobó la “Política para la igualdad de género entre hombres y mujeres en la Policía Nacional Civil”. La llamaron así, “entre hombres y mujeres”, para que los hombres no se sintieran excluidos y pasara sin problema.

Camacho explica que el gran objetivo era “transversalizar la perspectiva de género en todos los procesos operativos y administrativos”. La política recoge varias acciones que planeaban realizarse en un plazo de uno a tres años. Entre ellas, crear un Centro de Atención Policial con un área específica para recibir denuncias de acoso sexual y laboral del personal policial.

A pesar de ser aprobada por el exdirector general Nery Ramos, esta quedó en papel mojado. “Hubo un total rechazo de la política por casi todos los mandos —recuerda Alma Luz Guerrero—. Y con el desmantelamiento del actual ministro de Gobernación (Enrique Degenhart), definitivamente eso fue imposible”. Guerrero se refiere a la destitución de personal técnico y de carrera de la institución, a tal punto que todos los que integraban el equipo de género de la Reforma Policial dejaron la institución o fueron despedidos.

“Todas las conquistas que tengan que ver con igualdad de género, solo sale el que las impulsa y se pierden. Y hay que volverlas a recoger y volverlas a levantar —lamenta Guerrero—. Es un elefante muy grande, que camina unos diez pasos y avanza uno”.

 Las “denuncias falsas” y una sanción en 18 años

Conseguir estadísticas fiables sobre el acoso sexual en la PNC no es sencillo. El Ministerio de Gobernación guarda un registro de denuncias de la Inspectoría General, pero los datos registrados generan dudas. Se solicitó la información de los últimos 20 años. En una primera respuesta, la cartera indica que desde el 2000, recibieron 221 denuncias: 143 por acoso sexual, 74 por acoso laboral y cuatro por “acoso” a secas. En estos 18 años, por acoso sexual solo registran una sanción, en 2002: una suspensión de labores por seis meses.

Acoso en la PNC
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Las cifras contrastan con las de la Procuraduría de Derechos Humanos. En el mismo lapso de tiempo solo registraron siete denuncias por acoso sexual dentro de la Policía.

La información enviada por el Ministerio de Gobernación tenía algunas lagunas. No estaba consolidada: cada variable —tipo de acoso, sexo y cargo de las personas, estado de la denuncia…— fue enviada en un documento separado que solo tenía en común la fecha en la que se había presentado la denuncia. En más de treinta casos, este dato no se había registrado. Esto  dificultaba asociar unas variables con otras.

Se volvió a solicitar y en una segunda respuesta, la Inspectoría General envió la información consolidada, pero omitió varios datos. Únicamente sistematizó registros de 2014 a 2019 y varios de ellos se habían obviado o cambiado. En la información original, en estos cinco años aparecían 61 denuncias por acoso sexual. En la nueva información, solo 41. Las fechas de las denuncias tampoco coincidían.

Según la primera resolución, las 142 denuncias por acoso sexual que no terminaron en sanción fueron reagrupadas bajo la categoría “No indica”. No se sabe si hubo una sanción pero no se registró en el sistema, o si la persona denunciada fue absuelta. Simplemente, la información en una segunda entrega, no está.

Se busca resolver estas dudas en la Inspectoría General. Para la entrevista, el comisario general Harweygines Wanamayker Casia López, inspector general, se hace acompañar de cuatro integrantes de su equipo. El jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, el de la Sección de Régimen Disciplinario, el de la Sección de Operaciones y una cuarta persona que llega tarde y no se identifica. Todos con el rostro serio, impermeable. No pronuncian una palabra hasta el final de la reunión.

 

Fotografía: Luis Soto

El comisario Casia habla pausado. Puede que haya acoso, dice, pero la mayoría de las denuncias son falsas, añade contundente. Estas son sus declaraciones: “Podríamos decir (que hay) un acoso pero casi en la mayoría de estos casos se logra establecer que no es acoso. Son otras situaciones laborales que se dan”. Entre estas, cita la disconformidad de las mujeres con los servicios a los que son asignadas, el acomodamiento laboral o incluso relaciones sentimentales fallidas que motivan las denuncias.

En un punto de la conversación, el jefe de la Inspectoría llega a deslegitimar las denuncias por violencia de género de las parejas de los miembros de la Policía: “Se dan casos donde las personas cambian la versión, como los casos de violencia intrafamiliar. Denuncian a los policías por violencia intrafamiliar, que las agreden… pero en la investigación ellas dicen: ‘No, es que discutimos y yo le denuncié. Pero ya estamos conviviendo en paz otra vez’”.

Aun así, puntualiza que “no podemos decir que no (hay acoso). Sí se dan algunos casos de esa índole, pero muchas veces la persona no denuncia”. Y sí, no denuncian. Primero, porque se ven obligadas a contratar a un abogado, un esfuerzo económico que no pueden asumir. Segundo, por las represalias. Que las hay, y bastantes, según explican las entrevistadas. Aunque no denuncien. Con el solo hecho de negarse a ser abusadas.

Le pasó a la primera agente, cuyo traslado retrasaron. También a Patricia Gamboa. De jefa de una unidad, la degradaron a subjefa. En cambio, su acosador fue ascendido.

Otras mujeres son trasladadas a destinos inhóspitos, o a puntos muy conflictivos. Y esto también se usa como moneda de cambio para seguirlas acosando. “He sabido de patojas que a cambio de que no las sancionen o las manden a una subestación lejana, tienen que hacer algo. Y por supuesto algo no es una comida”, dice Gamboa.

“Definitivamente a sus superiores casi nunca los denuncian, porque tienen el poder de trasladarlas inmediatamente”, cuenta Alma Luz Guerrero. Las débiles  estadísticas lo validan. De las 221 denuncias por acoso sexual y laboral en los últimos 18 años, solo 17 se plantearon contra un comisario o un subcomisario, los rangos más altos que se recogen.

Grados denunciados
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El acoso se da siempre bajo relaciones de poder, añade Guerrero. Sin embargo, para el inspector Casia esto no es así. Ni hay una relación de poder de superiores a subordinadas ni de hombres a mujeres. “Se da en ambas vías —dice—. No necesariamente se da por tener algún puesto, cargo o grado policial. Tanto la mujer es objeto de acoso como también algunas personas… pero por cultura, se sabe que el hombre no se pronuncia en relación a eso”. Las denuncias de la Inspectoría General sí señalan que el acoso es un problema de género.

Sexo sindicados y agraviados
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Probar el acoso no es fácil. Si las mujeres no tienen una grabación, o un mensaje, queda en manos de personas que hayan sido testigos, que rara vez quieren hablar. Según el inspector, los compañeros siempre dicen que en ningún momento les consta ni han visto nada. Y esto explica el dato de una sola sanción en 18 años, que Casia confirma, aunque asegura que también es probable que se hayan emitido más y que los tribunales disciplinarios —los encargados de conocer los casos y estimar si se impondrá una sanción o no— no enviaran toda la información a la Inspectoría General. “Pero como le digo —reitera— en la mayoría de veces no se ha dado el acoso”.

Las mujeres policías achacan la falta de sanciones a dos hechos. Uno, que las denuncias no se investigan bien. Alma Luz Guerrero tiene un ejemplo muy claro de esto. En la Reforma Policial conocieron a una policía que había sido violada por un compañero. Presentaron el caso en la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Inspectoría General, y después de una semana de investigación, el policía a cargo de la misma tenía un reporte completo de la víctima. “Fíjese que esta policía era bien rebelde en la primaria y perdió varios grados, la sacaron de casa, tuvo dos novios, usa minifalda…”. Guerrero no se lo creía. Del agresor no habían investigado nada. “Al violador no le pasa nada por ser hombre. Somos las mujeres las que provocamos la violación”, lamenta.

Los jefes también se comunican entre ellos. Según Adela Camacho, hay mandos dentro de la Inspectoría General que delatan a las mujeres ante sus agresores. Guerrero lo comparte: “La complicidad entre hombres en la Policía es muy marcada. Si un subordinado empieza a hacer una investigación de alguien que denuncia acoso sexual, el jefe le ordena que guarde la investigación. Y se acabó y no pasa nada”. De esta forma, muchas denuncias quedan engavetadas.

El inspector Casia rechaza este pacto entre jefes. Según él, no es más que un rumor. Cuando alguien presenta una denuncia en la Inspectoría, explica, la investigación que sale de la misma es trasladada al Ministerio Público. “No podemos ocultar algo porque tenemos que rendir nuestros informes a las fiscalías”, concluye.

—¿Y no hay posibilidad que alguna denuncia se oculte antes de ser enviada al Ministerio Público?— Se le pregunta.

—Pues la verdad es que ignoramos— responde.

El segundo motivo por el que hay pocas sanciones hay que buscarlo en los Tribunales Disciplinarios. Aquí es donde llegan las investigaciones que pasan por el filtro de la Inspectoría General y donde, en la gran mayoría de casos, se concluye que no existe acoso sexual.

Según Alma Luz Guerrero, para evitar una posible parcialidad en los tribunales —integrados por una mayoría de hombres—, desde la Reforma Policial se propuso la creación de “tribunales neutros”: mitad mujeres y mitad hombres. Esto nunca llegó a darse. El inspector niega que estos sean necesarios y argumenta que un vocal de los tribunales siempre es una persona de la sociedad civil.

Aquí nada es gratis

 Ante este panorama, algunas mujeres optan por plantear denuncias en otras instancias. El Ministerio de Trabajo debería ser una de ellas, pero después de solicitar la información, la cartera envió un listado, únicamente de 2017 y 2018, en el que aparecían solo dos denuncias por acoso laboral en la Policía Nacional Civil. Cuando se pidió una ampliación para obtener datos de 20 años atrás, la Unidad de Información Pública envió una contradictoria resolución en la que afirmaban que el Ministerio de Trabajo no atiende casos de acoso sexual y que el registro de denuncias no cuenta con un apartado de acoso laboral.

El Ministerio Público sí tiene algunos registros. Trescientas dieciséis denuncias entre 2002 y octubre de 2018 por violencia sexual en las que el agresor era miembro de la Policía Nacional Civil. Treintaicinco sentencias. Veinte condenatorias. Ninguna es recogida bajo el registro de acoso porque no está tipificado como delito.

Sindicados y condenados acoso MP
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En su oficina de la Fiscalía de la Mujer se le pregunta a Blanca Yolanda Sandoval, fiscal a cargo, cómo investiga el Ministerio Público las denuncias de acoso. Su primera respuesta es una pregunta a la reportera: “¿Qué entiende usted por acoso?”. La fiscal no entra a profundizar en el tema y se limita a decir que tendría que haber elementos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer para poder juzgar lo que las mujeres denuncian.

 El problema es ese. Al no estar tipificado, las denuncias se quedan muchas veces detenidas. Dorotea Gómez, defensora de la mujer en la Procuraduría de Derechos Humanos, lo explica: “Efectivamente, el Ministerio Público toma la denuncia, pero no necesariamente se le puede catalogar en algún delito equis y remitirlo al juzgado que corresponde, así que no avanza”.

La PDH también ha recibido algunas denuncias por acoso sexual. Según la Unidad de Información Pública, en general, 134 en los últimos 20 años. Siete contra miembros de la PNC. La defensoría de la mujer recibió dos casos en todo 2018, casualmente, dos agentes de Policía.

Ambas eran acosadas por sus jefes, que nunca fueron sancionados, y ambas sufrieron represalias por negarse o por quejarse con sus superiores. Una fue trasladada a otro departamento de Guatemala.

La otra agente planteó la denuncia en la Inspectoría General. Cuando lo hizo, su jefe presentó otra denuncia en su contra. Argumentaba que él era el acosado, y no ella. Que la agente a su cargo se le insinuaba, lo provocaba y lo presionaba. Finalmente lograron probar que la denuncia de la mujer era cierta, y la de su superior no.

Esto último es algo bastante común entre las policías que denuncian. A lo largo de la investigación, incluso antes de hacer público el acoso, el agresor se muestra como agraviado y presenta una denuncia en contra de la mujer.

El inspector general, Harweygines Casia, tiene su propia visión de esta estrategia. No lo entiende como una represalia, sino como un derecho. “Ha habido algunos casos donde se establece que es falsa la denuncia que están haciendo. Entonces viene la contraparte y pide que se le deduzca alguna responsabilidad”. Sonriendo, Casia concluye que, “después de ser denunciantes pasan a ser sindicadas por hacer acusaciones falsas”.

Las perspectivas son desoladoras. Con una Reforma Policial desaparecida —sin dar razones, el gobierno no prorrogó el acuerdo por el que la comisión existía, que finalizó en diciembre de 2018— ; con varias personas que estaban tratando de integrar la visión de género en la institución despedidas por el actual ministro; y con una nueva administración para la que el tema del acoso sexual y las violencias contra las mujeres dentro de la institución parecen no ser prioridad, las mujeres policías no guardan mucha esperanza.

Algunas instituciones como la misma PDH o el Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible (Iepades) tratan de dar talleres o concienciar a los miembros de la PNC con afiches que de vez en cuando entregan en estaciones y subestaciones y que no llegan a pegarse nunca o terminan arrancándose de las paredes.

Con el paso del tiempo, se dan cuenta que el acoso sexual no se sanciona porque dentro de las instituciones “hay una naturalización profunda del machismo y las relaciones de poder”, dice Dorotea Gómez.

¿Y qué le queda a las mujeres? “Sobrevivir —contesta con un suspiro Alma Luz Guerrero—. Aprenden a sobrevivir con ese acoso”. Muchas entraron a la Policía para asegurar un trabajo en un país con pocas oportunidades laborales. No tienen otra opción de ingreso familiar.

Esa filosofía también la tiene arraigada la agente policial con la que inicia este texto. Tiene 39 años, un hijo y sabe que solo debe aguantar un poco más. Agradece que sus superiores ya no la acosen a estas alturas.

“A mí me quedan dos años para jubilarme. Si no me escogen, mejor para mí. Que vaya pasando el tiempo”, cuenta. Mejor pasar desapercibida. “Hay chicas que sí le ponen énfasis en caerle bien a los jefes y no ven el trasfondo. Aquí nada es gratis”.

 

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