Violencia de género
¿Y ahora, qué? Después de los señalamientos de acoso contra Martín Rodríguez
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Aunque el acoso no esté tipificado como delito en Guatemala, en la ley sí existen tipos penales donde, de probarse, podrían entrar los hechos denunciados contra Martín Rodríguez Pellecer, director de Nómada, actualmente apartado de su cargo. Pero depende de las mujeres que señalan los abusos presentar una denuncia penal o buscar otras formas para la reparación y la sanación. Mientras, el Ministerio Público ya tiene la información en análisis.


Las denuncias se hicieron públicas el 4 de diciembre. Una investigación realizada por la editora y columnista Catalina Ruiz-Navarro y publicada en la plataforma Medium, desveló que existían al menos cinco mujeres que señalan a Martín Rodríguez Pellecer de acoso sexual. Una segunda publicación, del 17 de diciembre, agrega testimonios de otras siete mujeres.

Martín Rodríguez Pellecer es el fundador y director del medio digital guatemalteco Nómada, aunque el mismo día que se publicó el primer texto, decidió apartarse de su cargo temporalmente. La investigación de Ruiz-Navarro inició a partir de dos publicaciones en Twitter realizadas el 13 de noviembre, mientras se realizaba en Antigua Guatemala un foro sobre derechos sexuales y reproductivos —el Foro Idea— coorganizado por Nómada.

En los tuits se señalaba que “Martín Rodríguez ha acosado sexualmente a varias de las participantes en distintos países, ofreciéndoles tragos en su cuarto de hotel, alejándose del grupo, valiéndose de su reputación de ‘aliado’, aprovechando que está en otro país en actividades de periodismo, derechos sexuales, etc…”.

Ruiz-Navarro inició una investigación que concluyó con el señalamiento de cinco mujeres, periodistas jóvenes, que aseguraron haber sido acosadas por Martín Rodríguez Pellecer, efectivamente, durante eventos feministas y de periodistas, a los que, dice Ruiz-Navarro, fue invitado como “aliado” del feminismo.

La respuesta a estos tuits por parte del Comité de defensa contra el acoso de Nómada fue iniciar una investigación que posteriormente se detuvo, al existir una relación laboral entre las integrantes del comité y Rodríguez Pellecer. Por parte del medio se concluyó que el Consejo Administrativo de Nómada elegiría un “ente investigador externo” para hacer esta investigación. Una trabajadora del medio, que prefiere mantener el anonimato, explicó a Ocote que el consejo ya eligió a la firma y al grupo de personas que la realizarán, aunque no harán públicos los nombres para salvaguardar la independencia de la misma.

Hasta ahora, las  mujeres que hicieron los señalamientos no han presentado ninguna denuncia en el Ministerio Público. Una de ellas, confirma que por ahora no tienen pensado accionar legalmente. “Lo hablamos en su momento, pero vemos muy complicado hacer algo si el acoso no está tipificado como delito”, dice. Llegaron a esta conclusión después de hablar con algunas abogadas que las asesoraron. “Nosotras decidimos salir con esto porque queremos que pare. Sabemos que a él no le va a pasar nada, pero queremos que él entienda que no puede seguir acosando a gente y abusando de mujeres en espacios que deberían ser seguros. Y queremos que lo dejen de invitar a esos espacios. Eso es todo”.

Los delitos

En Guatemala, efectivamente, el acoso sexual no está tipificado como delito. Así que Martín Rodríguez, o cualquier hombre que sea acusado por hechos similares, no podría  ser investigado y, de resultar culpable, ser condenado por acoso sexual. Sin embargo, la legislación guatemalteca sí cuenta con tipos penales dentro de los que podrían abordarse algunas de las prácticas descritas por Catalina Ruiz-Navarro.

Esteban Celada es abogado penalista con especialidad en derechos humanos de las mujeres. Celada explica que “hay que analizar minuciosamente, con perspectiva y enfoque de género, cada testimonio”. “Por lo que he visto, ciertas conductas podrían encuadrarse en otros tipos penales, como la violencia psicológica y la agresión sexual. Esto como una salida, ante la ausencia de un tipo que regule el acoso”, añade.

La violencia psicológica está recogida en la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En el artículo siete de la ley, se indica que “comete el delito de violencia contra la mujer quien, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica”, en varias circunstancias. Una de ellas: “haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima”. Las penas por violencia psicológica van de cinco a ocho años de prisión.

“En este caso (el de Martín Rodríguez), hay relaciones de poder y la violencia psicológica va a significar cualquier acción u omisión que cause detrimento a la salud emocional y psicosocial de las mujeres —continúa Celada—. Este tipo de insinuaciones y hostigamientos, marcan un crimen violento en el lugar de trabajo. Científicamente está comprobado que estas situaciones crean un malestar emocional”.

La misma Ley contra el Femicidio define las relaciones de poder como “manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra”.

La agresión sexual está recogida en la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. El artículo 29 señala que comete agresión sexual, “quién con violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación”. Las penas, igualmente, van de cinco a ocho años de prisión.

Celada advierte que “muchas personas conocedoras de derechos dicen que todo lo que no está prohibido está permitido. Es un juego perverso. Hay que mandar el mensaje de que esto tiene un reproche social y no puede quedar en la impunidad”. El abogado asegura que, si las mujeres que denuncian a Rodríguez quisieran iniciar un proceso penal, es importante que se hagan acompañar de una abogada o abogado: “Si no hay alguien que esté brindando acompañamiento legal a la víctima, los casos quedan en la impunidad, lo vemos en las desestimaciones del MP. Dicen que no hay un delito que enmarque el acoso laboral o el acoso sexual”.  Y entonces, los casos se archivan.

—¿Cómo se pueden probar este tipo de hechos? Sobre todo, cuando algunos habrían ocurrido hace años. — se le cuestiona a Celada.

—Como podemos ver a simple vista, (Martín Rodríguez) tenía un patrón de operar. Una socióloga podría ayudar a ver las relaciones entre las personas, a entender el motivo y el ejercicio de las relaciones de poder. Hasta dónde llegaba la situación de acoso desde la confianza de aliado y feminista. Aunque en este tipo de delitos, nosotros planteamos que la prueba más contundente es el testimonio de la víctima.

“Cuando se daña la dignidad de una persona, va a quedar esa huella, que no precisamente tiene que estar en el cuerpo, como si fuera un golpe. Ahí es donde va inmerso el tema de la dignidad humana. Queda una huella en lo emocional, en tu entendimiento de lo que sucedió, que afectaron tu integridad. Esto puede ser probado por una pericia psicológica. Sepur Zarco es un referente de ese estándar probatorio. Alrededor de la palabra de ellas fue que se probaron los hechos. Las demás pruebas completaron, pero lo principal fue el testimonio”.

Al solicitar información en el Ministerio Público (MP), Julia Barrera, vocera del MP, indicó  que, según la Fiscalía de la Mujer, debido a que se trata de delitos contra el pudor, los fiscales no pueden dar información del caso o de las acciones, “para evitar la victimización secundaria” de las mujeres.

Además, Barreda informó, en la misma línea que Celada, que la colaboración de las víctimas es importante, “ya que hay diligencias donde se necesita de ellas, como la información que permita establecer tiempo, lugar y modo en que ocurrió el delito, o los peritajes que deban practicarse”. La vocera añadió que, “aunque las víctimas no colaboren, por ser un delito de acción pública, una vez se tenga conocimiento del posible hecho delictivo, la fiscalía realiza las diligencias de investigación correspondientes”. Barreda aseguró que la Fiscalía de la Mujer ya cuenta con información en análisis sobre los hechos.

Sobre este último punto, Esteban Celada aclara que hay que tomar muy en cuenta la importancia de lo que quieran hacer las mujeres que dieron su testimonio. “Si las obligamos a estar inmersas en el proceso, aunque no colaboren, es su persona, o su imagen la que está ahí. Puede ser victimizante, porque les hacen estar en una situación en la que quizás no quieren estar. Así como ellas tuvieron el valor de romper el silencio, hay que propiciar las situaciones para que más adelante o en este momento, ellas tomen una decisión de qué tipo de reparación necesitan, si una sanción administrativa o un proceso judicial”.

En la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Dorotea Antonia Gómez Grijalva, defensora de la mujer, añade que, por ahora, en la institución, no toman los señalamientos como una denuncia formal. “Se tomará como denuncia, siempre y cuando las mujeres lleguen a la PDH a presentar denuncia”, indicó. Si esto ocurre, la Procuraduría revisa la declaración, asigna a la unidad encargada de investigar los hechos y si en los hallazgos se identifica que hubo vulneración a los Derechos Humanos, el procurador de los Derechos Humanos (en este caso Jordán Rodas) emite una resolución y, si lo considera necesario, la puede acompañar de una sanción moral.

Esta sanción moral, explica Gómez, implica unas recomendaciones que deben ser cumplidas por el agresor. Sin embargo, “una de las dificultades que encontramos es que como no son de carácter vinculante, puede que las personas las cumplan o no”.

El Ministerio de Trabajo es otra posible vía para plantear acciones dado que algunas de las denunciantes habían trabajado bajo la dirección de Rodríguez. Pero en este caso hay un contratiempo: la mayoría de los abusos, según las declaraciones, no se realizaron en el ambiente laboral, como se conoce en el ministerio, así que esto limitaría la acción de los inspectores.

Hablamos con Rosa Sosa López, encargada de la Unidad de la mujer trabajadora del Ministerio de Trabajo, un espacio creado en 1994 para asesorar a las trabajadoras y capacitar sobre sus derechos a ellas y a los empleadores. La unidad, con la coordinación de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y ONU mujeres, elaboró un protocolo de acoso sexual y acoso laboral con el fin de incorporarlo al protocolo general del ministerio. Está pendiente la aprobación del acuerdo que le dará vida. Mientras, explica Sosa, la inspectoría general recoge las denuncias y asigna a un inspector que investigue los casos, aunque por ahora no se registran como “acoso sexual”, lo que dificulta entender la magnitud del problema: no contamos con datos de denuncias de acoso sexual en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en las acusaciones en contra de Martín Rodríguez, es probable que el ministerio no tenga mucho que hacer, explica Sosa. Según la encargada de la unidad, la cartera únicamente investiga casos cometidos en el ambiente laboral, entre personas con una relación laboral. Y casi todos los casos que se narran en la primera publicación de Ruiz-Navarro sucedieron en ambientes relacionados con el trabajo, sí, pero no en lo que el ministerio reconoce como “ambiente laboral”.

En junio de este año, la Organización Internacional del Trabajo elaboró el convenio 190, sobre la violencia y el acoso, que habla de este tipo de acciones en “el mundo del trabajo”, lo que amplía el lugar de los hechos. El convenio contempla comportamientos y prácticas “ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”, entre estas, el acoso sexual. Guatemala todavía no ha ratificado el convenio.

La culpa, la sanación

Una de las mujeres que denunció sufrir acoso sexual por parte de Martín Rodríguez dijo a Ocote que está acudiendo a terapia con psicólogas feministas. Aseguró que tiene conocimiento de que otras de las mujeres que hicieron los señalamientos también reciben apoyo psicológico.

Camila Camerlengo es terapeuta gestáltica. Hablamos con ella sobre la sanación y la necesidad de una reparación para víctimas de acoso y abusos sexuales. Camerlengo recuerda que un elemento que se debe tomar en cuenta para trabajar la sanación “es el hecho que el hombre sea conocido y que sea una persona a la que le tengamos estima, una persona de poder. Cuando el acosador es conocido, la mujer se pasa mucho tiempo entre la confusión, entre mantener el secreto, la vergüenza… y todo eso genera culpa. ‘Si yo no hubiera subido, si no hubiera ido a tomarme un trago con él…’”.

“Estos abusos de poder, de una persona que tiene más poder hacia otra, afectan a todos los niveles. Al cuerpo, a lo que pensamos y a lo que sentimos”, explica la terapeuta.

En el comunicado en el que Rodríguez Pellecer menciona que se retira de su cargo, también asegura que rechaza las acusaciones sobre abuso “pues estoy totalmente seguro que todas las relaciones de mi vida han sido consensuadas”. Camerlengo añade que la actitud de Rodríguez afecta al proceso de sanación de las mujeres, ya que “no se le está reconociendo a la mujer su sentir y su vivencia. Él invalida el testimonio de las mujeres y crea un ambiente alrededor de ellas de desconfianza”.

Un ambiente que en un inicio ya estaba propiciado por el sistema en el que vivimos. “La sociedad siempre va a trasladar la culpa a la víctima —recuerda el abogado Esteban Celada—. Ellas son las que hacen un linchamiento social, dicen. Pero creo que como sociedad nos toca al desnaturalizar, entender qué significa un acoso, qué significa una situación como las que vivieron estas mujeres”.

Geraldina Barrientos, psicóloga clínica y forense de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), añade que en estos casos, “siempre se señala a la víctima. Que estuvo de acuerdo, que fue consensuado, que dijo que sí, que lo provocó, y todas las cuestiones que hemos estado escuchando de manera constante. Hay que entender que el culpable es el agresor y no la víctima”.

Este ambiente de duda, esta culpa que se genera, explican las personas consultadas, generan baja autoestima y la creación de una alerta constante, ante posibles señalamientos. “Empiezan a pensar: no me supe respetar, no me pude defender, y la persona puede empezar a generar síntomas de ansiedad, ataques de pánico”, dice Camerlengo. Y si los casos no son atendidos, continúa la psicóloga “pueden llevar a la alteración de sueño, de alimentación, a manifestaciones en el cuerpo, en la piel, depresión, dolor de cabeza, cefaleas… El malestar psíquico cuando no es tratado tiene salida por el cuerpo”.

“Cualquier tipo de violencia te deja una secuela —secunda Geraldina Barrientos—. No hay que minimizar las consecuencias que tiene una agresión”.

La clave, comparten las psicólogas Camerlengo y Barrientos, es el acompañamiento psicológico. El tipo de terapia que se recibe, depende de cada persona. “Hay diferentes ramas y cada uno va a donde le conviene más y le sana más. Creo que es importante que la persona que las va a atender sea una persona que haya trabajado estos prejuicios en relación a estos delitos de abusos sexuales”.

Barrientos comparte que cada víctima tiene la libertad de decidir cómo llevar su atención y acompañamiento, pero, bajo su experiencia, una terapia grupal puede ser muy efectiva en estos casos. “Como son varias mujeres las que denuncian, pueden sentirse más acompañadas de esta forma”.

“Sabemos que las secuelas que eso deja no son fáciles de resolver —concluye Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la PDH—. La palabra de las mujeres siempre queda en entredicho. Se le da preminencia a lo que los hombres dicen. En el plano emocional y de sanación corresponde ir fortaleciendo las redes de apoyo entre mujeres para que dejen de sentir esa culpa impuesta”.

Se intentó consultar a Martín Rodríguez, sobre las publicaciones y las consecuencias que podrían tener las denuncias. Hasta ahora, Rodríguez no ha dado declaraciones, excepto un comunicado publicado en sus redes sociales. Al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

 

*Agencia Ocote firmó un acuerdo de colaboración con Nómada en marzo de 2019. En éste, Nómada aportó fondos para el proyecto de verificación Fáctica de Ocote durante el período de elecciones, hasta septiembre de este mismo año. Después sostuvimos un acuerdo de colaboración y republicación de nuestros materiales. Sin embargo, debido a información recibida sobre posibles casos de acoso por parte de Martín Rodríguez –previo a la publicación de Catalina Ruiz-Navarro-, el consejo de visión de Ocote (constituido por sus fundadoras) decidió finalizar dicho acuerdo de manera unilateral, basadas en el protocolo contra el acoso de la organización –que implica tolerancia cero al acoso y otras formas de violencia- y para garantizar la distancia periodística que requerimos para abordar el tema.  El 25 de noviembre se informó personalmente a Rodríguez Pellecer y el 27, por correo electrónico, a Rodríguez y a su editor general.

 

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