Mujeres y trabajo
“Una trabajadora doméstica no es su hija ni su pariente. Es su trabajadora”
Autor:
Floridalma Contreras, miembro del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (Sitradomsa), acerca de la situación de las trabajadoras del hogar en Guatemala, sobre los bajos sueldos que reciben, la falta de condiciones laborales dignas y el poco interés del Estado -y de los empleadores- en conseguir que esto cambie.

Floridalma Contreras Vásquez es miembro del consejo consultivo del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (Sitradomsa). Allí coordina proyectos y facilita procesos de formación que dan a mujeres en la capital y en varios departamentos.

Sitradomsa lleva funcionando desde 2011 como sindicato. En estos nueve años se ha dedicado a dar acompañamiento, asesoría y capacitación a trabajadoras del hogar y también a hacer incidencia política para mejorar sus condiciones laborales. El sindicato ha dado seguimiento a 30 procesos legales, la mayoría relacionados con despidos en los que no se pagó la indemnización a las mujeres.

Aquí, Contreras habla sobre la situación actual del gremio de trabajadoras del hogar, de la ratificación de convenios internacionales y de los derechos humanos y laborales que se incumplen a diario en Guatemala.

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Floridalma Contreras está en la sede de Sitradomsa. Es un pequeño espacio en el segundo nivel de un edificio de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Apartamento interior, cerrado, sin ventanas a la calle. Quieren cambiarse de lugar, dice Contreras, a un espacio más grande. Este año tienen el plan de empezar una escuela de alfabetización para trabajadoras del hogar y la oficina se les queda aún más pequeña. Pero la renta es cara y no quieren dejar el centro de la capital.

Llevan en ese lugar seis de sus ocho años y medio. Sitradomsa se creó en septiembre de 2011, con la idea de mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras del hogar. “Es importante que las compañeras conozcan sus derechos, que los hagan valer pero que se sientan acompañadas”, explica Contreras.

El sindicato cobra una pequeña cuota simbólica de 10 quetzales a sus afiliadas —actualmente son unas 525—, pero se sostiene con los aportes de agencias de cooperación internacionales como el Fondo Centroamericano de Mujeres (Fcam) o el Solidarity Center, de Estados Unidos. Con este dinero pagan el alquiler de la oficina, los materiales y los espacios que utilizan para las capacitaciones, los desplazamientos y la contratación de cinco mujeres, algunas a tiempo parcial, como una abogada que apoya a compañeras que son despedidas injustificadamente, que no recibieron indemnización o que tienen cualquier otro problema laboral.

“Los empleadores despiden a las compañeras trabajadoras porque nunca se ha tenido en cuenta que son seres humanos, que son mujeres trabajadoras, madres solteras, migrantes de los departamentos de Guatemala”, relata Contreras. “Vienen a trabajar a casas donde las discriminan, las violentan, las excluyen, las maltratan…Y las despiden después de varios años. Las trabajadoras ya están mayores y no tienen oportunidad de encontrar un buen trabajo. Mucho menos si se van sin la indemnización”.

Contreras recuerda historias que las mujeres les cuentan cuando llegan al sindicato. Historias de terror: “Hay mujeres que dicen que duermen en una camita en la cocina. Otra, durmiendo con el perro, porque ‘pobrecito, que dormía afuera, que durmiera con ella’. El perro olía mal y se lo metían al cuarto”.

Los horarios son otro problema. Muchas entran a las cinco de la mañana y no salen hasta las diez de la noche. Cuando hay fiestas, la cosa se complica: “Es la una, las dos de la madrugada y las tienen atendiendo a los invitados. ¿No pueden contratar a una persona si van a hacer una fiesta y que la trabajadora se vaya a dormir?”, se pregunta Contreras.

En los talleres organizados por el sindicato, a las mujeres les hablan de convenios, de leyes, de códigos de trabajo. De sus derechos. “Desde el momento en el que entra a trabajar a una casa, una trabajadora adquiere derechos a que tenga condiciones mínimas. Que tenga un cuartito, cama, ducha…. y que tenga condiciones básicas salariales. Que se le pague como a todo trabajador y trabajadora que tiene derecho a un salario mínimo”.

También les enseñan que no deben firmar hojas en blanco; algo, por lo visto, bastante común. “Hay una compañera que la abogada está viendo si ganamos el caso. Llevaba 11 años trabajando y la señora la hizo firmar papeles cuando la despidió. Le dijo: ‘Te voy a dar algo (de indemnización), pero me firmás estos papeles o si no no te dejo salir’”. Esta firma les sirve a los empleadores después para lavarse las manos: su extrabajadora firmó algún documento que les exime de cualquier obligación.

La cifra que se maneja en Guatemala —poco precisa, por la falta de registros y de estabilidad laboral— es de 250 mil trabajadoras domésticas. Sin embargo, en ese dato, dice Contreras, entran también choferes, jardineros o cocineros, tanto hombres como mujeres. Aunque el porcentaje de hombres en el trabajo doméstico, aclara, se calcula que no supera el 5 por ciento.

Contreras celebra las 525 mujeres que lograron afiliar al sindicato. Asegura que convencerlas de que se unan es todo un reto. La estrategia suele ser buscarlas en lugares donde saben que las encontrarán. “Nos vamos a volantear a ferias, a centros comerciales, a parques… Les entregamos material y nos terminan llamando, o vienen a la oficina”.

Floridalma Contreras-Sitradomsa
Fotografía: Lucía Reinoso

Las buscan en la capital y en otros departamentos. “Hemos visitado ahora como 12 departamentos de los que suelen migrar las mujeres para venir a la capital. Si alguna está pensando en venirse, por ejemplo la hija o la prima de alguna compañera, entonces les explicamos que tienen que aprender de sus derechos, que no se dejen violentar, que exijan que les paguen el salario mínimo, que les den sus prestaciones, que se organicen”.

—¿Alguna vez han encontrado oposición de los empleadores cuando se acercan a las mujeres?

—Sí —asiente rápido Contreras—. Ya tuvimos problemas dos o tres veces. En zona 17, zona 14. Salen las patronas a reclamar. “Y ustedes no tienen nada que hacer, son unas haraganas, son unas panfleteras, guerrilleras, solo andan haciendo mal al país”.

Hace unos cinco años, empezaron a llevar casos legales. A la fecha ya van por 30. “Las acompañamos al Ministerio de Trabajo, que es el ente tutelar de todos los trabajadores de Guatemala. El ministerio hace el cálculo de prestaciones. Si ella ganaba 1,200 quetzales, el ministerio le hace el cálculo por los 3 mil quetzales del salario mínimo. Ahí le incluye el ajuste salarial. Ya sólo con el ajuste salarial, se asustan los patronos. Dicen: ‘Es que yo no sabía’. No sabía, pero usted si contrata a una persona tiene que investigar”,

Lo que viene después es una serie de preguntas con un “no” por respuesta: “¿Le pagó bono 14?”, “¿Le dio aguinaldo?”, “¿Le pagó indemnización?”. Con suerte, si mucho, algunos responden que les pagaron unos 200 o 300 quetzales.

Ya con el cálculo final que hace el ministerio, los empleadores se encuentran con una deuda que puede llegar a los 70 mil quetzales. “Ponen el grito en el cielo, no quieren pagar”.

Los argumentos suelen ser similares: “Pero es que no tiene derecho la muchacha”. “Pero yo a ella la quería como hija”. “No —aclara Contreras—. Es una trabajadora. No es su hija, no es su pariente, es su trabajadora”. “Suelen decir: ‘Es que yo la quería mucho, le di cremas, le di champú, le regalaba ropa’. Bueno, se lo regaló porque quiso, pero no lo vamos a tomar en cuenta dentro de sus prestaciones”.

El convenio 189

Una de las luchas de Sitradomsa ha sido la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 189 es el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Fue aprobado en Ginebra, en junio de 2011.

El documento ofrece protección a las trabajadoras del hogar, establece principios y derechos básicos y exige a los estados que lo ratifiquen que tomen medidas para lograr un trabajo decente. A la fecha 29 países lo ratificaron. Entre ellos Nicaragua, Costa Rica, y Panamá.

—¿Y por qué Guatemala no lo ha ratificado aún? —le cuestionamos a Contreras.

Ella no consigue dar una respuesta clara.

—Tenemos estos ocho años de estar luchando en el Congreso de la República, haciendo reuniones con diputados, diputadas… Lastimosamente no se ha podido. Hubo un dictamen favorable del Ministerio de Trabajo, que pasó el convenio al Ministerio de Relaciones Exteriores y este lo mandó al Presidente. Quince días antes de ser detenido (en 2015), Otto Pérez Molina lo lleva al Congreso bajo la iniciativa 4981. Ahí encontramos el apoyo de la diputada Sandra Morán, quien nos representó en el Congreso. Lastimosamente ya no está. Pero ella con varios diputados progresistas llevaron a plenaria la iniciativa. Pasa a primer debate, pasa a segundo debate. Pero desde 2016 ya no se ha movido.

Efectivamente, según la página del Congreso de la República, la iniciativa 4981 se aprobó en segunda lectura el 27 de octubre de 2016. Todavía necesita una tercera lectura y la aprobación por artículos para entrar en vigencia.

(Quizás te interese leer “Las leyes a favor de las mujeres y personas LGBTI que quedaron pendientes en el Congreso”)

Para la nueva legislatura, que comenzó el 14 de enero pasado, Contreras asegura que ya han iniciado conversaciones con algunos congresistas: “Tenemos muy buena relación con Aldo (Dávila, de Winaq), Sonia (Gutiérrez, de Winaq), con Lucrecia (Hernández Mack, de Movimiento Semilla) un poquito, con Adela de Torrebiarte (de Creo), que también la vimos en algunos momentos y ya tuvimos algún acercamiento…”.

El Convenio 189, explica Contreras, regulará salarios, horarios y los oficios a los que se dediquen las trabajadoras: “En este momento una trabajadora doméstica es contratada para la cocina, pero resulta hasta levantando el popó del chucho. Lavando el carro, haciendo el jardín, la limpieza, la comida, lavan, planchan… porque no hay contrato que lo regule”.

“El salario es terrible. Hemos encontrado en los departamentos salarios de 300 y 400 quetzales (al mes). Que no es ni lo mínimo de lo mínimo. Aquí en la capital pagan de 1 mil a 1,500 o 1,800 quetzales. 2 mil en zona 16, 17”, añade.

—¿Cómo ven ustedes el argumento de las personas que dicen que si se aumenta el salario de las trabajadoras, los empleadores no lo pagarán y aumentará el desempleo?

—Nosotras decimos que si no pueden pagar una trabajadora, que no la tengan, o que la contraten por horas. Si tengo un bajo salario y no tengo la posibilidad (de contratar a una trabajadora), perdonen, pero eso se llama explotación. Explotar a un ser humano porque quiero estar bien. Si yo voy a tener una trabajadora doméstica prefiero tener una, pagarle el salario mínimo, que tenga su horario, que trabaje bien, indemnizarla y no tener tres empleadas para estar violando derechos humanos y laborales de una persona que me apoya, que está en mi casa, dejándome profesionalizarme, salir a pasear, ir al cine mientras dejo mi casa al cuidado de alguien. Y eso no se valora. ¿Qué sucede? Que quieren tener una persona en mi casa pero no quieren pagar.

Floridalma Contreras-Sitradomsa
Fotografía: Lucía Reinoso

Violencia sexual

Hay otro abuso al que se enfrentan las trabajadoras del hogar. La violencia sexual. “Nosotras velamos porque las compañeras no sufran de acoso y hostigamiento sexual”.

Muchas de estas trabajadoras no llegan a la mayoría de edad. “Hay muchas que han entrado jovencitas. Con nueve, diez años, que ahora ya son adultas y dicen: mi papá me trajo, o yo me vine, o mi mamá me vino a dejar a una casa y empecé a trabajar”.

En Sitradomsa han tenido dificultades para documentar casos de abusos sexuales. El miedo de las niñas, adolescentes y mujeres a que tomen represalias en su contra es demasiado. “Tuvimos el caso de una niña que fue violada y tuvo un hijo. Además, fue amenazada. La mamá también es trabajadora doméstica, ella se la trajo para trabajar y (la niña) resultó embarazada. El señor le dijo que la iba a meter presa, que le iba a quitar el niño. No pudimos documentarlo. Denunciarán cuando quieran o cuando puedan”.

El año pasado, en la OIT se aprobó otro convenio, el 190. “Desde 2011 con el 189 no se había aprobado ningún otro”, explica Contreras. El Convenio sobre violencia y acoso incluye una serie de requisitos que deben cumplir los estados que lo ratifican. Entre ellos, prohibir legalmente la violencia y el acoso y adoptar una estrategia integral para prevenirlo en el mundo del trabajo.

“La violencia en el mundo del trabajo afecta psicológica, física y sexualmente. Afecta a la dignidad de las personas. Las mujeres que tienen jefe se sienten cohibidas, amenazadas, las que trabajan con hombres también sufren de acoso y hostigamiento”, asegura Contreras.

“El Estado votó a favor del Convenio pero se opusieron los empleadores —continúa—. Ahí en Ginebra estaba el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) diciendo que aquí en Guatemala no había necesidad de eso. Cuando Guatemala es un país machista y acosador. Si no, no habría tanta violencia. Y no solo violencia generalizada. La violencia en el trabajo tiene grandes impactos. Afecta a las relaciones laborales. Yo me siento acosada por un empleador, un compañero y me voy del trabajo”. Y en un gremio en el que trabajan tantas mujeres solas con hijos, migrantes, con precariedad, perder el trabajo no es una opción.

Contreras explica los pasos que toca seguir ahora con el Convenio 190: “Tenemos que iniciar un proceso en el Ministerio de Trabajo, que pide dictámenes favorables. Pueden ser de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), de la misma OIT… Después pasa al Ministerio de Exteriores y ellos lo remiten al Presidente de la República. Él, bajo alguna iniciativa, lo manda al Congreso para que le de trámite como ley. Pero ahí es donde empieza a sufrir”. Es donde hay riesgo que el trámite para ratificar el tratado se detenga.

A nivel internacional ha habido avances para mejorar los derechos de las trabajadoras del hogar, un gremio dominado por mujeres, sobre las que una vez más recae la obligación de los cuidados, del ámbito privado. Un trabajo que también está atravesado de arriba a abajo por desigualdades de clase y de etnia, y que en Guatemala todavía no consigue contar con unos derechos y unas condiciones laborales dignas.

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