Parlamento Centroamericano
Tras dejar el cargo, Jimmy Morales, tendrá unos días sin inmunidad
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Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, presidente y vicepresidente de Guatemala, perderán su inmunidad el 14 de enero de 2020. Tras dejar el cargo de elección popular, podrían integrarse al Parlacen y retomarla, pero aún no hay fecha para la juramentación de los diputados centroamericanos. Durante el traslado de funciones, ni Morales ni Cabrera contarán con el privilegio que los blinda de cualquier posible persecución penal.

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El 14 de enero de 2020, Jimmy Morales Cabrera entregará la banda presidencial al Presidente electo Alejandro Giammattei Falla. Su siguiente puesto podría estar en el  Parlamento Centroamericano (Parlacen), al ser juramentado junto a Cabrera y los 20 diputados que fueron electos en las votaciones pasadas. De aceptar el cargo, pues para Presidente y Vicepresidente es opcional, adquirirán de nuevo inmunidad.

Pablo Ceto, actual secretario de la Junta Directiva del Parlacen explica que las sesiones parlamentarias suelen llevarse a cabo en la última semana de cada mes. “En enero, la semana de trabajo será del lunes 27 al viernes 31”, afirma el parlamentario. Ceto prevé que la juramentación pueda realizarse el miércoles 29 y, aunque es una fecha variable, no considera que se adelante el nombramiento de los nuevos diputados. .La calendarización se establecerá a finales de noviembre, aseguró Ceto.

Sobre la inmunidad en el Parlacen, el artículo 21 del Reglamento Interno dicta que los expresidentes y exvicepresidentes de Estado “deben ser juramentados como diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria. A partir de su juramentación, pueden tomar posesión del cargo, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”. De cumplirse las fechas,  Morales y Cabrera, no tendrán inmunidad por al menos 10 días hábiles

La inmunidad la otorga el Tratado Constitutivo del Parlacen en su artículo 27. En 2004 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la inmunidad para los diputados del Parlacen, que hubieren ocupado el cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, pero fue restituida en 2008 a través del Protocolo de Reformas al Tratado, firmado por los países miembros.

Durante el mandato de Morales como Presidente, el Congreso ha negado al menos tres solicitudes de antejuicio en su contra. Ha sido señalado por financiamiento electoral ilícito en su papel de secretario del partido FCN-Nación (partido que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 5 de noviembre).

“Él debe rendir cuentas. Dependerá de la estrategia del Ministerio Público (MP), lo que suceda en esos días de diferencia”, dice María Eugenia Mijangos, magistrada del TSE, entidad que ha denunciado a Morales, más no al vicepresidente Cabrera.

Fáctica solicitó a la Dirección de Acceso a la Información Pública del MP las denuncias en contra de Morales y Cabrera, pero aducen que solo las personas denunciadas o sus representantes legales pueden acceder a esta información.

Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, explica que a través de esta organización se han presentado denuncias penales en contra de Morales por calumnia, difamación, incumplimiento de deberes y violaciones a la Constitución. Además de seis amparos y dos solicitudes de antejuicio. “Todas siguen en investigación del MP. Creo que solo una notificación nos ha llegado por parte de una fiscalía. Ahora que pierda el derecho de antejuicio deberían avanzar porque todas tienen fundamento. No son espurias”, explica.

Rafael Curruchiche, jefe interino de la Fiscalía contra Delitos Electorales reservó sus declaraciones sobre los planes del Ministerio Público en relación a este tema. Al igual que Neftaly Aldana, magistrado de la CC, quien asegura que el tema será discutido en el pleno en las próximas semanas.

El exasesor del MP, Javier Monterroso asegura que las fiscalías podrían citar a una primera declaración, ligar a proceso o girar una orden de captura. “Justo como sucedió con Sandra Torres, que a los días de haber perdido su inmunidad la capturaron y ligaron a proceso. Pero se requiere una orden de juez. El Ministerio Público sería el encargado de pedirla y un juez o jueza de firmar”.

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