En Guatemala, las mujeres dedican 33 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican cinco. Los impuestos al consumo se cobran por igual, y para el 51% de las mujeres que no cuentan con ingresos propios, resulta más caro pagarlos. En esta entrevista Rosa Cañete, coordinadora del Programa de Desigualdad de Oxfam, para América Latina y el Caribe, analiza la situación de las mujeres en Guatemala, y explica cómo el sistema económico, tributario y laboral incide en la desigualdad entre hombres y mujeres.
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En Guatemala la desigualdad es una constante. En el sistema económico, laboral y tributario, algunos obtienen privilegios y otros están arrinconadas en la economía informal. La peor parte la llevan quienes se dedican a tareas no remuneradas, en su mayoría mujeres.
Corina Rodríguez, economista feminista argentina, y Déborah Itriago, consultora económica financiera venezolana, son investigadoras de políticas fiscales para Oxfam, una organización internacional que promueve el combate a la pobreza, evidencia la desigualdad y busca impactar en las sociedades. A través del informe ¿Tienen los impuestos alguna influencia en la desigualdad entre hombres y mujeres?, develan cómo el sistema económico es también escenario de desigualdad entre hombres y mujeres en Honduras, República Dominicana y Guatemala –países en donde se realizó la investigación–.
Guatemala es, para Cañete, un país en que a pesar de la brecha económica entre los ingresos por sexo, la invisibilización de los trabajos a los que no se da valor monetario; mantiene privilegios a determinados sectores empresariales que profundizan las brechas de desigualdad. Cañete promueve que la ciudadanía conozca las políticas tributarias y audite cómo se designan los propuestos, debe decidir: “Se deben revisar los impuestos al consumo central para proteger la canasta básica, hay que evitar que suban las tasas de pago y se debería asegurar que productos como las toallas sanitarias no paguen IVA”.
La Encuesta de Empleo e Ingresos de Guatemala 2018, Oxfam asegura que más de 2 millones de mujeres no buscaron trabajo o iniciaron un emprendimiento debido al cuidado de hijas e hijos o a quehaceres del hogar; comparado a 18 mil hombres en la misma situación. Cañete asegura que es abrumador pensar que se llame inactivas a las mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado: “cuando la razón de su inactividad, en más del 60% de las mujeres guatemaltecas, es porque hacen quehaceres domésticos. Eso significa que sí está trabajando. Y que a lo mejor está criando a cuatro niños. Llamar a eso inactividad es inmoral. Tienen un empleo que no es remunerado”.
Uno de los resultados del estudio recién publicado por Oxfam es que en Guatemala hay más mujeres que trabajan por cuenta propia y más hombres empresarios. ¿Cómo explican este resultado?
El informe analiza cómo el empresariado o los trabajadores asalariados pueden restarse gastos al pagar tasas efectivas de impuestos sobre la renta inferiores a las trabajadoras que hacen uso del régimen simplificado y el régimen de pequeño contribuyente, pensado para quienes trabajan por cuenta propia o son independientes, donde las mujeres están sobrerrepresentadas. Si bien el sistema no está pensado para discriminar a las mujeres, lo acaba haciendo por no considerar en qué tipos de empleos se sitúan.
En el mercado laboral se puede abordar (la desigualdad) de forma directa con políticas de empleo, educativas o de protección social. Un ejemplo son las guarderías, donde una mujer debería poder dejar a un niño o niña de 0 a 3 años. El ciclo de maternidad marca la vida laboral de las mujeres y el Estado no cubre eso. Deben desarrollar políticas públicas para reducir la carga del cuidado, y ayudar a la inserción laboral de las mujeres.
Es necesaria una revisión a los impuestos de consumo en el país. El sistema tributario guatemalteco depende más del 60% de la recaudación de impuestos al consumo. El IVA es el principal, y en la canasta básica sólo están exentos los bienes que se venden en los mercados cantonales. Para las poblaciones urbanas que compran más en el espacio formal, el no tener una serie de productos exentos de IVA, castiga más a las poblaciones más pobres. Y las mujeres están sobrerrepresentadas en esa población.
El 51% de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios en Guatemala. Los impuestos al consumo, cuando tú no tienes ingresos propios, son muy altos. Cuando eres más pobre, todo el ingreso lo dedicas a consumir. No tienes capacidad de ahorro. Por tanto, el impuesto del consumo con respecto a tu ingreso es superior al de una persona en nivel alto de ingresos que puede ahorrar.
Se deben revisar los impuestos al consumo central para proteger la canasta básica, hay que evitar que suban las tasas de pago y se debería asegurar que productos como las toallas sanitarias no paguen IVA.
Para que esto sea posible se necesita voluntad política. Y así construir un sistema tributario con mayor equidad. ¿Qué se necesita para que ambas sean posibles?
Hay dos temas importantes. Uno es la justicia fiscal, que se ha visto limitada en toda América Latina por el poder corporativo. Un espacio donde los grupos de poder tienen capacidad de influencia.
En otra investigación hemos visto cómo las políticas fiscales han sido moldeadas por la élite empresarial, a través del control de los medios de comunicación y la puerta giratoria para que el empresariado pase a estar de una empresa privada a ocupar un cargo público y luego a un consejo de una empresa importantísima en el país. Hay un trámite de intereses que es difícil de manejar.
Sin embargo, existen reformas progresivas que puede contrarrestar estos poderes, pero se necesita de la participación ciudadana. Este estudio que hemos desarrollado intenta que el movimiento de mujeres también pueda participar en el debate y levantar sus intereses. A las mujeres es a quienes más nos afectan los aumentos a la tasa del IVA. No se necesita ser un especialista. Pero hay mucho miedo.
Una de las técnicas que se utilizan para capturar las decisiones es el velo técnico. Esto es imposibilitar que alguien entienda de lo que se está hablando. Cualquier persona en este país puede posicionarse si le preguntas qué prefiere: “que se le suba la tasa del IVA a los productos de la canasta básica o que las empresas maquiladoras empiecen a pagar el impuesto sobre la renta”. Cualquier ciudadano puede tener una opinión y no hace falta que sea un experto. Hay que empujar una mayor participación tanto social como política de la ciudadanía para conseguir cambios.
El Estado no solo no cumple, sino que ha sido demandado por despidos a mujeres, mientras están en periodo de maternidad. ¿Cómo puede combatirse esta brecha? ¿Hay alguien que deba velar por ellas?
Allí juegan un rol importantísimo los sindicatos, que son muy débiles en toda Centroamérica. Deben exigir al Estado la garantía de que eso no ocurra.
Es muy importante que el Ministerio de Trabajo tenga equipos de acompañamiento a las demandas laborales que levanten las y los trabajadores. También el sector sindical. Deben abordar este tipo de casos. No debe ser una negociación individualizada pues existe una relación de poder abismal. Debes contar con un apoyo de los auditores públicos.
En Guatemala, el trabajo doméstico y de cuidado no está legislado. En otros países, como Uruguay, no solo está legislado sino reglamentado. ¿Cómo concientizar a la sociedad sobre esta labor subvalorada?
La desvalorización del trabajo de cuidado que se tiene cuando no es remunerado, se mantiene cuando sí lo es.
Tanto las contratadoras mujeres como los contratadores hombres, crean una relación de poder. Muy a menudo el trabajo doméstico se acaba dando en condiciones de esclavitud. Sin horario, sin normativa laboral. No soy experta en cómo está Guatemala en ese sentido pero es muy importante que haya regulación desde el Ministerio de Trabajo. Que se empuje la formalización de esas trabajadoras, que tengan acceso a seguro social, a aportar a pensiones, a poder faltar cuando están enfermas, a tener vacaciones. Estas son condiciones mínimas para cualquier trabajador, que en el trabajo doméstico no se dan.
Las mujeres que realizan este trabajo son centrales en el desarrollo de la vida de una familia. No se valora porque ha sido un trabajo hecho por mujeres y tradicionalmente vinculado al ámbito privado. Son necesarias las políticas de incentivos que ayuden a la formalización, porque hay que decir que es una franja importante de la clase media la que contrata estos servicios. Termina siendo una descarga para las mujeres que salen a trabajar.
En Argentina está legislada la deducción de la contratación del trabajo doméstico del impuesto sobre la renta. Esto permitió que una persona de ingresos bajos, mujer, pueda incorporarse al mercado laboral remunerado y le sea rentable contratar a alguien que la sustituya en el cuidado del hogar.
Otro de los efectos que tuvo fue el aumento de la formalización de trabajadoras domésticas, pues para contar con el beneficio se debía pagar cobertura de seguridad social a la empleada. Pero también tiene críticas, pues esas deducciones comúnmente son aprovechadas por las mujeres de más altos ingresos, que son las que tributan el impuesto sobre la renta. Sin embargo, tuvo en efecto colateral en la formalización de esta labor. Muestra una opción en la que la tributación ayuda a mejorar las condiciones de trabajo doméstico y a la redistribución de las cargas de cuidado.
¿Hay alguna situación, sobre la formalización del trabajo doméstico, similar en la región?
Los países del cono sur se diferencian porque tienen Estados mucho más potentes en la provisión de servicios públicos y por lo tanto en el cuidado. Cuando el Estado provee servicios de educación, de salud, de pensiones, se le descarga a las mujeres en la carga del cuidado. Son Estados con mucha mayor formalización del empleo, que permite que el sistema tributario sea una herramienta potente. Pero a nivel de trabajo doméstico, es un trabajo que por la discriminación avanza lento.
Con datos de la Encuesta de Empleo e Ingresos de Guatemala 2018, Oxfam asegura que más de 2 millones de mujeres no buscaron trabajo o emprendieron debido al cuidado de hijas e hijos o quehaceres del hogar; comparado a 18 mil hombres en la misma situación. ¿Cómo se disminuye esa brecha? ¿A qué velocidad se reduce?
Las encuestas de fuerza de trabajo le llaman inactividad, cuando las mujeres no buscan empleo. Son activas. Y las hay muchas más mujeres, que hombres.
Es abrumador pensar que las llamen inactivas, cuando la razón de su inactividad, en más del 60% de las mujeres guatemaltecas, es porque hacen quehaceres domésticos. Eso significa que sí está trabajando. Y que a lo mejor está criando a cuatro niños. Llamar a eso inactividad es inmoral. Tienen un empleo que no es remunerado.
El Estado tiene un rol muy importante en ayudar a esa redistribución del cuidado, asumiendo servicios públicos como las guarderías. Debe asumir una serie de servicios que ayuden a descargar a las mujeres, pero también empujando a las empresas a tener propuestas de empleo que armonicen más la vida laboral con la vida familiar. Que también debe apoyar a que la tarea se reparta mejor. La regulación de los permisos de paternidad, por ejemplo. Debe haber incentivos para que los hombres tengan que participar en la crianza.
¿Incentivan las empresas a sus empleados, así como el Estado incentiva a las compañías?
Las empresas en Guatemala dejan de pagar impuestos equivalentes al 0.7% del PIB, al año, bajo el precepto de que generan inversión y empleos. Este volumen equivalente al presupuesto en salud del Estado guatemalteco y es equivalente a más de 550% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Dos ministerios encargados de los servicios de cuidado.
No se han desarrollado evaluaciones de esta condonación de impuestos hacia las empresas, con base en resultados en la generación de empleo e inversión. El Estado debe elegir entre dar servicios de educación, salud, desarrollo social o perdonarle a las empresas el pago de impuestos. Esto, en política, se llama gasto tributario.
Y también se debe debatir si queremos incentivar las desigualdades que se generan en términos de género. Porque además hay una feminización muy alta. Hay muchísimos informe desarrollados en el país que prueban la baja calidad de los empleos y las condiciones inhumanas en que están trabajando muchas de las mujeres en las maquilas.
¿A quién debe presionar la ciudadanía?
Hay múltiples vías. La política tributaria pasa por el Ministerio de Finanzas y se aprueba a nivel Congreso.
Necesitamos que el debate fiscal esté a nivel programático y electoral. Que la ciudadanía pueda entender los grandes conceptos. Preguntarle a cada partido político qué piensa hacer en relación al presupuesto y a la vía tributaria. En el legislativo también. Es muy importante la participación ciudadana en las vistas públicas. Si no hay consultas abiertas y a la ciudadanía se le impide entender de qué se está hablando y legislando, la ciudadanía se juega que en esa discusión los empresarios influyan vía financiamiento partidario, vía financiamiento de congresistas.
La ciudadanía debe participar en el diseño de los presupuestos. Que cada misterio abra espacios de participación ciudadana para opinar en la elaboración de presupuestos. En el Ministerio de Educación, que las mujeres soliciten un plan piloto de guardería pública.
Que el Ministerio de Finanzas evalúe las demandas ciudadanas para dar a conocer qué se puede y qué no se puede realizar con un 10% de recaudación tributaria. Luego analizar si es mejor decisión subir la presión fiscal o bajar el gasto militar para elevar el educativo. La ciudadanía tiene que participar a nivel ministerial y a nivel Congreso.
En los últimos meses, dos medios de comunicación fueron criticados por publicar dos columnas de opinión, señalando al movimiento de mujeres. ¿Cómo es el papel de los medios en la búsqueda de igualdad?
El mecanismo más utilizado en todas las reformas de política fiscal que hemos analizado en la región es el control de los medios de comunicación. Haciendo un monitoreo de opiniones públicas permite ver cuáles son los inversionistas detrás de cada medio. Es evidente que los medios tienen un poder descomunal. Deciden de qué se habla y desde qué enfoque se habla. Tanto el poder económico como el poder político han tenido muy claro que es un espacio que deben controlar. Los medios pueden conseguir que la población se movilice en contra de una reforma que la beneficia, sólo por el manejo mediático que le des.
Eso lo vimos en el impuesto a las herencias en Ecuador. Un impuesto que hubiera afectado a poca gente en el país porque era para herencias grandes. La gente se movilizó en las calles en contra de ese impuesto. Algo que iba a pagar muy poca gente.
Sucedió en el proceso previo a las elecciones entre Rafael Correa y Xavier Lasso, vinculado a la banca, que iba a ser afectada por este impuesto. La banca controla parte de los medios en Ecuador. Y por lo tanto controlar el debate protegía a ciertos sectores económicos. Sorprende que hayan salido a protestar por algo así y no porque le suban el precio a la canasta básica.
Hace algunos años, en República Dominicana tuve una charla sobre una mesa de trabajo tributaria con algunas de las comunidades más pobres: en una de las mesas con las juntas de vecinos surgió la propuesta de colocar un impuesto a los carros dependiendo de su valor. Era en un barrio donde no había luz, agua, ni calles asfaltadas. Y a la gente no le gustó nada. Dijeron que aunque no tenían carro, no estaban de acuerdo porque entonces les robaría la esperanza de acceder a un carro.
Es muy importante que existan medios centrales en el debate democrático, y por tanto en el debate fiscal y de cualquier otra política pública. Medios que puedan plantear la información clara a la población. Que sean capaces de colocar esa información en blanco y negro para que un ciudadano normal y corriente pueda entender.
En enero toma posesión un nuevo binomio presidencial en Guatemala. ¿Cuáles deberían ser los puntos en los que se enfoquen los esfuerzos de un nuevo gobierno para reducir brechas de desigualdad y de oportunidades? ¿Es plausible una política de la llamada “discriminación positiva”?
Es muy importante ganar legitimidad. Cualquier reforma tributaria debe contar con el apoyo ciudadano. Si el Gobierno no lo tiene debe buscar legitimidad con acciones contra la corrupción y evitando la captura en las compras y contrataciones públicas. Este gobierno debe dejar claro que tienen interés en que el Estado funcione para todos y no sólo para grupos específicos.
El siguiente paso es ir por el gasto público para empujar programas que tengan un beneficio inmediato para la ciudadanía. En salud, en educación, en protección social. Que la ciudadanía sienta efecto de la acción pública en sus vidas y a partir del esquema de legitimidad, desarrollar una política o una reforma tributaria que no sea impuesta. Es urgente para Guatemala recaudar más. Es el país que menos recauda de América Latina y el Caribe con respecto a su PIB. Es el Estado más pequeño.
Y el siguiente paso es recaudar de manera más justa. Cualquier reforma tributaria debe evitar la dependencia a los impuestos al consumo. Cualquier aumento en las tasas del IVA afecta más a la población más pobre y por lo tanto a las mujeres. Hay que empezar a atacar la tributación a la renta y la riqueza. Reducir la evasión y la elusión, revisar los incentivos tributarios a las empresas que son un volumen importante de recursos.
Se deben evaluar los incentivos fiscales. Fiscalizar a las empresas en cuanto a la generación de empleos y cuál es el salario promedio de sus empleados. Evaluar allí si merece la pena un incentivo, pero si no lo merece y es un dinero que se deja de invertir en servicios muy especiales, se deben cortar los beneficios. Un ámbito que el nuevo gobierno en el país debe considerar.
Y por último, entender que una reforma tributaria no va a ser aceptada por la sociedad, si se plantea únicamente como una reforma tributaria y aumento de impuestos. Debe existir un proceso de legitimación. Cuando la gente cree que se les está robando todo, porque es una realidad que se les está robando, es importante combinar diferentes políticas y reconstruir el contrato social.
