En los últimos años se ha popularizado la discusión sobre el derecho penal, esto en gran parte por el interés de la ciudadanía en entender las coyunturas que vivimos. Sin embargo, el derecho toca diversas necesidades de nuestra vida, y para el caso, el derecho civil algunas realmente muy cercanas a nuestra cotidianidad -y vida personal-. De ahí que le pidiéramos al abogado y académico del derecho civil, Hugo Molina Hurtado, que leyera esta nueva publicación que trae F&G Editores a los lectores conocedores del derecho y a otros lectores que quieran expandir su conocimiento del tema.
Es innegable que el sistema de justicia guatemalteco se encuentra colapsado. La justicia civil es solamente una parte afectada de esa problemática que aqueja a la sociedad guatemalteca. El retardo injustificado en la tramitación de los expedientes civiles, ocasiona una grave acumulación de expedientes, lo que genera la impartición de justicia tardía. El exagerado y riguroso formalismo, que caracteriza al sistema de justicia civil, aunado a la falta de personal, voluntad y presupuesto, para la modernización de la justicia en Guatemala, han provocado una crisis judicial que ha menoscabado los derechos de los ciudadanos, lo que limita el pleno y satisfactorio ejercicio del derecho de acción ante los tribunales de justicia, situación que ha generado una crisis social por la carencia de resoluciones prontas que pongan fin a los conflictos privados. El Estado de Guatemala, históricamente ha sido incapaz de garantizarles a sus ciudadanos ese tan ambicionado bien común, especialmente dentro del sector justicia. Es necesario garantizar el acceso a la justicia, la cual, actualmente, adolece u omite la plena aplicación de los principios de celeridad, economía procesal, sencillez y probidad, transformando al proceso civil en un tortuoso, oscuro y largo camino por recorrer, infringiéndose así, el derecho a una justicia pronta y cumplida, garantista de los derechos de la población guatemalteca en general, inobservándose en todo caso, la tutela judicial efectiva por parte de los tribunales de la República. Esa es la problemática que se trata en la obra titulada “Reforma de la Justicia Civil en Guatemala”.
El autor, dentro de dicha publicación, aborda de manera histórica y sistemática las causas que han dado origen al colapso de la justicia civil en Guatemala, citando dentro de ellas el formalismo riguroso dentro del proceso civil y el culto a la escritura, además de hacer hincapié en el desinterés del Congreso de la República y de los distintos Magistrados que han integrado la Corte Suprema de Justicia, para lograr un cambio estructural del sistema actual o en todo caso de darle seguimiento a las distintas propuestas de reforma al Código Procesal Civil y Mercantil vigente, que como lo ha indicado el autor, es imprescindible la proposición y puesta en marcha de una nueva ley para el enjuiciamiento civil, es decir, propone la supresión o cambio total del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, del jefe de gobierno, por una totalmente renovada ley que tenga a la oralidad plena como institución jurídica medular, con lo que, según el autor, esto coadyuvaría para el descongestionamiento de las mesas judiciales y la disminución de los tiempos para obtener el acto procesal que resuelve el conflicto entre partes.
El autor escudriña e identifica las causas que hacen ineficiente el sistema de justicia civil vigente, los efectos que esas causas provocan, pero además propone las formas y mecanismos que pueden darle solución a esa problemática. Novedosa es la proposición y análisis que realiza en relación a la implementación del Juicio de Interés Colectivo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se estaría regulando, por primera vez en la historia de Guatemala, un mecanismo procedimental para resolver los asuntos relacionados a la conflictividad social.
También, de manera suficientemente profunda, desarrolla, de forma analítica, histórica y descriptiva, las diferentes iniciativas de ley para un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, además de las diferentes propuestas para una reforma de dicha Ley Adjetiva. El autor, promueve y es partidario de la creación de un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil que no tenga como génesis las anteriores leyes procesales en el ámbito civil, inclusive la vigente.
Es de resaltar que se muestran a nivel comparativo, las distintas leyes adjetivas civiles que han regulado los procedimientos en Guatemala, siendo estas: el Código Civil y de Procedimientos Civiles para la República de Guatemala, del año 1877; el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, del año 1934; y, el Código Procesal Civil y Mercantil vigente, Decreto Ley 107 del jefe de gobierno, del año 1963; con lo que se logra inferir que las instituciones jurídicas que actualmente lesionan y hacen inoperante a la justicia civil, se han mantenido vigentes desde el año 1877, sin variación alguna entre cuerpos legales, aún cuando se ha hablado de reformas de dichas leyes.
La obra se perfila como una fuente única y confiable, por su contenido histórico, descriptivo y analítico, para identificar las causas que han originado la crisis dentro del ámbito de la justicia civil. Es así también, una fuente propositiva que pretende generar cambios sustanciales, o una revolución, dentro de la justicia civil guatemalteca.
