El exdiputado y excandidato presidencial del partido Unionista, Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada, aseguró que sólo en Guatemala las personas son apresadas por disparar contra quienes ingresan a robar sus casas. “Guatemala es el único país del mundo donde alguien se entra a su casa y si usted lo mata, se va al bote”, indica en el minuto 8:05 de una entrevista en la radio La Red realizada el 14 de mayo, cuando aún era candidato presidencial.

Fáctica intentó contactar con el entonces presidenciable para conocer la fuente de su afirmación, pero no respondió las llamadas y mensajes.

La afirmación de Duarte es falsa. El Código Penal establece varias causas que eximen a una persona de responsabilidad penal. En el artículo 24, se incluye la legítima defensa como una de las “causas de justificación”, y se puede aplicar a personas que actúen en defensa propia, de otra persona, de sus bienes o derechos o de los de otra persona.

Esto, siempre que haya una agresión ilegítima; la necesidad racional de defenderse para impedir esta agresión; o la falta de provocación del defensor. Estas tres circunstancias se dan por supuestas en el caso de una persona que haya entrado “en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores”.

Sin embargo, hasta que un juez establece que sí existió legítima defensa, la persona puede ser detenida e ingresar a prisión preventiva.

Uno de los casos más conocidos en Guatemala es el de el exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, quien denunció en 2011 que hombres armados ingresaron a robar su casa. Rivera mató a uno de los delincuentes y fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC). El exviceministro recuerda que estuvo en prisión preventiva por 12 horas hasta que se celebró la audiencia en la que un juez determinó que estaba en su derecho de legítima defensa y salió libre.

En otros países también detienen y envían a prisión preventiva a las personas que disparan contra quienes intenten robar en sus propiedades hasta que se decide si aplica o no el derecho de legítima defensa.

Por ejemplo, en España un anciano de 80 años disparó contra un ladrón que entró a su vivienda. El jurado decidió condenarlo a dos años por tenencia ilegal de armas y otros dos años más de prisión debido a que consideraban que “podría haber utilizado otras alternativas igualmente efectivas para salvaguardar su integridad física y la de su esposa”. Tres meses después, el juicio fue anulado bajo el argumento de que el veredicto del jurado no estaba fundamentado.

El nicaragüense, Jorge Ricardo García Abarca, enfrentó un juicio hace dos años por asesinar a un hombre que intentó robar en su casa. Un jurado lo declaró culpable. Pero tras las apelaciones, se realizó un nuevo juicio y el juez determinó que había actuado en legítima defensa.

Oswaldo Samayoa, abogado especializado en derecho constitucional internacional, explica que cuando una persona asesina a otra, siembre debe comparecer ante un juez. “Siempre que alguien le quite la vida a otra persona, el policía tiene la obligación de ponerle en disposición judicial. La policía no es quien debe justificar si actuó en legítima defensa, es un juez. Si existiera duda, el juez puede ordenar la prisión preventiva mientras se investiga el caso”, explica Samayoa.