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Hernández Mack: “Tenemos un rezago de 45 años”
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La médica y cirujana, salubrista y diputada de Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mack, en esta entrevista describe y hace un análisis, de cómo el sistema de salud en Guatemala no está preparado para atender una crisis como la que puede provocar el COVID-19. La también exministra de Salud critica las acciones “erráticas” del gobierno y considera que no supo prepararse, a pesar del ejemplo de otros países. Y, ante todo, señala un problema estructural e histórico del sistema de salud.


A cinco días de que se anunciara el primer caso detectado de coronavirus en Guatemala (viernes 13), y a tres días de que el presidente Alejandro Giammattei ordenara el cese de actividades en el sector público y privado (lunes 16), y a dos días de que el mismo Presidente diera marcha atrás a ésta planteando excepciones no mencionadas en cadena nacional (martes 17). El miércoles 18 de marzo, con ocho casos oficiales de COVID-19 y un fallecido, entrevistamos a Lucrecia Hernández Mack. 

¿Cuál es su impresión sobre las acciones que ha realizado el gobierno hasta ahora? 

Faltan campañas de comunicación, falta dotar al personal de salud, falta el equipo suficiente y falta prevención. Para la crisis actual de la pandemia de coronavirus, me parece que las acciones que ha aplicado el gobierno y el Ministerio de Salud no han sido ni oportunas, ni suficientes. No han sido oportunas porque el virus está circulando en el mundo desde finales del 2019. A pesar de haber decidido declarar alerta máxima, o recientemente un estado de calamidad, el país, el gobierno y el Ministerio de Salud, no supieron prepararse a pesar de tener suficiente tiempo para hacerlo. Pudieron haberlo hecho incluso sin un estado de calamidad, simplemente haciendo una revisión de cómo la amenaza epidemiológica se iba acercando a Guatemala.

Sabemos que justamente el aislamiento o las cuarentenas en la población, es lo que permite contener el contagio de este coronavirus. Pero el Presidente ha sido bastante errático sobre las medidas. En un momento dice que todo es normal, después declara que todos debemos estar en cuarentena, después dice que no, no todos; y esto simplemente genera una confusión en la población. Vemos que no se toman en serio las medidas de prevención y de contención. Entonces la población se vuelve laxa o flexible y no respeta, ni lleva a cabo el autoaislamiento o las cuarentenas en los espacios laborales. 

No hemos visto que el Ministerio de Salud esté realizando una campaña masiva de comunicación. Debería ser una campaña que alcance todos los rincones del país, realizada en todos los idiomas que se hablan en el país, para poder informar a la población sobre qué es el coronavirus, cómo se presenta, cómo se previene, cómo se detecta, a dónde hay que acudir. Tampoco ha habido lineamientos claros a los lugares de trabajo. Y no vemos que haya protocolos de atención en los hospitales y servicios públicos de salud. Mucho menos el equipo de protección que necesita el personal de salud. Tenemos, de hecho, muchas quejas del personal de salud y estudiantes. Ellos dicen que no cuentan con los insumos, ni el equipo de protección para prevenir su contagio. 

¿Tiene el Estado la capacidad para atender esta crisis?

El Estado no tiene la capacidad, en este momento, para dar una respuesta efectiva. Lo mejor que puede hacer es contener a la población, imponer una cuarentena obligatoria, establecer medidas para mitigar el impacto económico y social que la cuarentena podría generar. Pero la red de servicios en este momento no puede ni siquiera con los problemas cotidianos de salud, mucho menos con una epidemia de este calibre. 

¿Qué hace falta? Pues no podemos esperar que, a partir de estados de calamidad y compras por excepción, logremos resolver en 30 días lo que no se ha resuelto en 45 años. Entonces en este momento es clave la educación, la promoción de la salud, la prevención, el autoaislamiento y las cuarentenas obligatorias para poder contener en alguna medida el contagio. Esto permite también racionar la demanda de servicios de salud. 

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Durante su gestión en el Ministerio, usted siempre habló de la centralización de los servicios de salud. ¿Cómo podría afectar esto en los otros departamentos y en el área rural?

Tanto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se caracterizan porque tienen una alta concentración de sus servicios en el departamento de Guatemala y principalmente en el municipio de Guatemala. 

¿Qué va a ocurrir cuando el virus empiece a aparecen en otros departamentos? Pues sí, vamos a ver que, va a haber algún tipo de respuesta en el centro —aquí, en el hospital de Villa Nueva— o lo que se pueda hacer en algún momento en el Parque de la Industria. Pero sí es necesario que tanto el ministerio como el IGSS puedan identificar esos hospitales regionales e instalar, digamos, otro tipo de infraestructura temporal para la atención de pacientes. Entiéndase, por ejemplo, Retalhuleu, Quetzaltenango, Zacapa, las Verapaces, Escuintla, Izabal en donde pudieran atenderse estos pacientes que están graves y no son de la Ciudad de Guatemala. 

¿Existen políticas públicas diseñadas para sobrellevar una crisis de salud o crisis epidemiológica como la del COVID-19? 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sí cuenta con un departamento de epidemiología, cuenta protocolos de vigilancia epidemiológica, con una unidad para la gestión de riesgos en salud y por lo tanto sí hace una revisión de las amenazas o de las posibles epidemias o riesgos epidemiológicos que tiene el país. El problema es que la red de servicios del Ministerio de Salud tiene un rezago enorme. Alrededor de un 6.5 millones de personas están cubiertas por la red de servicios del Ministerio (puestos y centros de salud). Esta es la población que Guatemala tenía a mediados de los setenta. Es decir que tenemos un sistema de salud, una red de servicios con un rezago de más de 45 años. 

Y esto nos da justamente un sistema que ni siquiera puede responder a las necesidades actuales de enfermedades. No puede responder a los problemas más carenciales: infecciosos, crónicos, degenerativos, de salud mental, de lesiones, accidentes o violencia. Y encima tiene ahora una epidemia, como la del coronavirus. Difícilmente cuenta con la infraestructura, el personal, los recursos o el presupuesto para poder dar una respuesta efectiva ante un problema de esta magnitud. No es un problema de políticas públicas, sino que es un problema histórico y estructural de la red de servicios y de la institucionalidad del Ministerio de Salud. 

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