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Es imposible aplicar la pena de muerte en Guatemala
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En el marco de la actual campaña electoral, son numerosos los discursos que proponen la aplicación de la pena de muerte como una medida para combatir la inseguridad. Esta propuesta además de demagógica y populista, ya que no existen estudios serios que prueben su efectividad, es jurídicamente inviable.

Primero, a nivel nacional la Corte de Constitucionalidad mediante expediente 5986-2016 en el año 2017 declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte. Es decir que cualquier persona que opte a un cargo a elección popular, que proponga aplicar la pena de muerte por razón de la peligrosidad de los delincuentes o la inseguridad que estos provocan, está haciendo una propuesta inconstitucional. Por lo tanto, está anunciando desde su candidatura que pretende contravenir el ordenamiento jurídico.

Segundo, a nivel internacional, Guatemala es signataria de las principales convenciones en materia de derechos humanos. Concretamente, la ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a partir del año 1978 prohíbe al Estado la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos; por lo tanto, no es posible ampliarla a otros delitos, como pretenden algunos políticos en campaña.

Por último, actualmente en Guatemala no hay ningún condenado a muerte, ya que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Guatemala, conmutó por pena de prisión todas las condenas a pena de muerte que existían, sin que se haya dictado otra igual hasta la presente fecha. Los jueces conocen el derecho y saben que jurídicamente no pueden dictar la pena de muerte en sus sentencias, ya que contravendrían en ordenamiento jurídico nacional e internacional.

 

Ernesto Archila
Abogado y Notario, profesor e investigador. Consultor en temas de Derechos Humanos, justicia penal y criminología.

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