Violencia, seguridad y justicia
“Castigo, castigo, castigo”, una entrevista con O. Samayoa sobre el sistema penitenciario
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Los centros de privación de libertad para adolescentes en Guatemala son puestos bajo la lupa por Oswaldo Samayoa Sosa, abogado investigador que estudia el sistema penal desde hace casi dos décadas, y ha apoyado en la formación de jueces en esa materia. En esta entrevista, Samayoa analiza la doctrina carcelaria que, según asegura, castiga a jóvenes adolescentes por las faltas sociales que cometen, cuando debería, más que castigar, proteger a una niñez olvidada y sin oportunidades.

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Héctor Oswaldo Samayoa Sosa es abogado defensor de derechos humanos desde hace 18 años. Graduado de la Universidad de San Carlos (Usac) y docente de la Facultad de Derecho y la Carrera de Sociología. Además, también es docente  en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad Del Valle de Guatemala.

Es magíster en derecho parlamentario y doctor en derecho constitucional internacional. Uno de sus focos de estudio es el sistema penitenciario. Ha apoyado en la formación de jueces en materia de adolescentes privados de libertad con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP). Y es investigador en el Centro de Estudios de Guatemala, una asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas en temas políticos, de seguridad y justicia, desde los derechos humanos. Samayoa es una de las voces recurrentes en la opinión pública de Guatemala. Invita a la crítica del funcionamiento del derecho y la gobernanza del país.

[Puedes escuchar más sobre este tema en el episodio #12 de Radio Ocote: “Se cierra el telón: De vuelta a la celda”]

Te definís como ayudante albañil del Estado de derecho. ¿Qué significa eso?

El estado de derecho se quedó congelado para ciertas personas. Para sus beneficios. El derecho lo han disminuido a ley y como consecuencia las leyes no pueden ser justas siempre. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se viene trabajando el estado constitucional de derecho que es construirlo basado en los derechos humanos.

Nuestro país está en crisis. Hay que empezarlo a construir pero yo no soy el encargado de hacerlo, entonces con lo que estudio, con lo que hago, me defino como un ayudante de los constructores de este futuro. Me tocará poner mi parte en su momento o empezar aunque sea a hacer la mezcla para que alguien pueda fundir las bases.

¿Por qué es necesario que existan fiscales de derechos humanos en el tema penitenciario? ¿No deberían ser los derechos humanos algo ya implícito en todo el sistema?

La cárcel como tal surgió desde una visión del castigo. Castigar al cuerpo porque la cárcel ha estado ligada siempre a un tema clerical. Entonces, no importaba qué tanto sufriera tu cuerpo, pero tu alma sería libre. Estos castigos fueron evolucionando hasta que la cárcel se volvió un centro muy bueno para desarrollar la economía. Y luego la cárcel llegó al estado donde se dice “la cárcel tiene que ayudar a que esta persona vuelva a vivir en libertad”. La gran contradicción. “Te voy a enseñar a vivir en libertad privándote de libertad”, que plantea el profesor Raúl Zaffaroni. La reintegración, la reinserción y la reeducación siempre tiene una visión impositiva.

Esta construcción de la cárcel hoy, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, tiene una visión de mayor castigo y mayor sufrimiento, y no garantías de cuando se retorne a vivir en libertad.

El patrono o empleador que genera una empresa en una cárcel debería de cumplir con todos los requisitos que se le exige a cualquier empresa en cualquier lugar y garantizar el pago mínimo, el pago del seguro social, vacaciones o jornadas de trabajo. Eso no sucede porque la cárcel sigue bajo la visión de mayor castigo. Esos discursos destruyen a los derechos humanos y permiten que cualquiera haga lo que quiera y crea (allí dentro).

En el sistema penitenciario guatemalteco, ¿qué derechos son los más violentados?

En nuestro país se violenta desde el derecho más básico a tu integridad, el respeto a tu cuerpo, el respeto a tu dignidad. Hasta el tema del derecho a la alimentación o al derecho a tener acceso a un servicio sanitario. Hay situaciones graves de vulnerabilidad como una mujer indígena discapacitada, arriba de los 60 años, que no habla español. Hay mujeres bajo esa condición y que se encuentran en Fraijanes cuando son originarias de Quetzaltenango y la familia no las viene a ver. Esa condición te violenta cualquier cantidad de derechos mínimos y básicos. Y sobre eso, la característica de persona indígena que por el racismo que se da dentro de las propias privadas de libertad, tiene que hacer el servicio. No hay ningún derecho que se pueda garantizar. Y si es mamá, todavía tiene la problemática de que no puede garantizar la alimentación de su hijo, la medicina, la relación paternal, la relación con familia extendida, porque la cárcel no tiene previsto dar ese tipo de insumos.

¿En qué se diferencia un centro de privación para jóvenes para menores de edad y uno para adultos?

La diferencia debería ser abismal. Todos los fines que persigue un centro para adolescentes en conflicto son sociopedagógicos y no deberían estar regidos por un sistema que castiga con privación de libertad.

El modelo de adolescentes en Guatemala sigue atado al modelo de adultos de los años 60, 70, que es una doctrina de trato irregular. La doctrina de trato irregular dice: “sos un adolescente malcriado que sólo a palos vas a entender y te vas a corregir. Entonces yo, papá Estado, como no te criaron bien en tu casa, yo sí te voy a enseñar lo que es portarte bien”. En el ámbito físico, arquitectónico, no hay muchas diferencias. Encontrás celdas unicelulares de castigo, de encierro y parámetros de comportamiento similares. Y el sistema judicial es más especializado en adolescentes, por lo menos de los jueces y los fiscales, que se orientan a que el tiempo de condena de los adolescentes sea bajo.

Esto conlleva a un modelo de jueces penales especializados que se vuelven como castigadores. Por suerte hoy hay más estudio en ellos, que lo dimensionan de otra forma pero no el Congreso, que ha llegado al extremo de pedir pena de muerte para adolescentes. Es una dimensión política, que mantiene al sistema político represivo, sobre un sistema político que debe asumir que su rol ya no es ser papá ni ser mamá, su rol es prestar todos los servicios necesarios para satisfacer las necesidades y garantizar que la gente viva en la plenitud de sus derechos fundamentales.

La población carcelaria sobrepasa su capacidad en 366%. ¿El hacinamiento afecta a los privados menores de libertad, tanto hombres como mujeres?

Es el peor problema que puede tener la cárcel.

En otros países han llegado al tema de la ley de cuotas. Es decir, el Ministerio Público puede pedir 30 prisiones preventivas, yo le voy a dar 25 porque no me cabe más. Esto se da en sociedades con poca academia, poco diálogo, y con un sistema político muy desordenado, muy golpeado, proveniente de circunstancias donde le ha obligado a tomar medidas más sancionatorias que de tutela de derechos humanos. Para resumirlo, se da en modelos posconflicto o en modelos que han salido de una dictadura.

¿Qué sucede si un adolescente o una adolescente obtiene su libertad siendo menor de edad, y tiene que volver a ese ambiente que lo impulsó, por la falta de protección y oportunidades, a cometer un delito?

Los adolescentes son muchas veces manipulados o instrumentalizados para cometer delitos. Se supone que los jueces especializados de niñez tienen equipos multidisciplinarios que deben evaluar el contexto de vida. Ese equipo debe advertirle al juez que las instancias en las que ella o él se encuentran no responden a condiciones de vida normales y ordinarias para desarrollarse. El juez debería entonces, a partir de eso, considerar que la sanción no debe de ser privativa de libertad sino que la sanción debería ser cómo atender esas condiciones en las que se encuentran.

Si le privo de la libertad las condiciones externas no van a cambiar. Al salir va a regresar a las mismas y va a encontrar amenazas de muerte si no sigue participando en la estructura criminal. Además de rechazo de la familia o rechazo de la comunidad. Y la migración hacia condiciones peores de vida, ya sea dentro del propio país o en otro país, es una de las pocas opciones. Lo que tenemos es una persona frustrada en su vida, no atendida psicológica o psicosocialmente, rechazada por la comunidad con cero posibilidades de desarrollo y eso la privación de libertad se lo agrava.

La cárcel no modifica absolutamente nada en la persona. Puede sentirse cambiada, puede decir que está arrepentida, pero la realidad social a la que se va a enfrentar sigue siendo idéntica. Es más, estando en la cárcel prefería quedarse porque sabe que al salir, si ya no quiere continuar en eso, le van quitar la vida por no seguir “en este rollo”. Y lo que van a hacer es matarlo. ¿Es la cárcel solución? No. Hasta ahora no es un parámetro para solucionar.

¿Existe una continuidad a sus estudios, a su formación académica dentro de la prisión?

Hay varios proyectos y la Secretaría de Bienestar Social ha hecho algunos esfuerzos pero lamentablemente no son suficientes. Nunca han sido suficientes. Pareciera ser, y esto es una de las críticas a la reinserción y a la reeducación, que estos adolescentes dejaron ser parte de la sociedad y no es cierto. El modelo de privación de libertad admite que no es para aislar, sino para acercarnos más. Es decir: “te hemos abandonado entonces teniéndote intramuros vamos a acercarnos más a ti”. Pero el principio de participación comunitaria no es real. Mejor nos olvidamos de ellos y que queden allí. Es tal la magnitud de esto que al preguntarnos quién es el responsable de los presos del sistema penitenciario y quién es el responsable de los adolescentes privados de libertad, decimos: la Secretaría de Bienestar Social. ¿Y por qué no le está dando educación? No les corresponde a ellos, le toca al Ministerio de Educación. El abordaje debe ser Estatal, intrainstitucional, e incluso social y comunitario. Lo que pasa es que lo abandonamos.

El medio digital salvadoreño El Faro, ha publicado reportajes sobre la participación de la Iglesia Evangélica en presidios y su influencia en los privados de libertad. ¿Cómo funciona en Guatemala la relación de los privados de libertad y la fe?

Las iglesias, de muchos siglos para acá, están presentes en las cárceles. A muchos les ha ayudado a encontrar un anclaje. Un anclaje espiritual por fuera de lo humano, porque en lo humano no han encontrado respuesta.

La Iglesia católica lo ha hecho desde un punto de vista correccionalista. O sea, estás aquí, estás pagando algo, algo hiciste mal o lo vas a sufrir, pero hay una esperanza. Vas a ser perdonado. Antes era mediante la tortura, la inquisición. Ahora lo aborda desde un modelo totalmente distinto. Ahora las iglesias evangélicas han cumplido un rol en esa dirección.

He visto mucha coherencia, mucha lógica de ayudar de fortalecer a la persona y poderla desarrollar, pero el problema de las iglesias en estos términos es que muchas veces construyen falacias no provenientes ni siquiera de la religión, sino de las personas que participan en esas iglesias. Esto ha servido como un instrumento de dominación en que la persona no termina siendo quien quiere ser, sino quien estas otras personas quieren. Y eso se vuelve complejo. La forma de intervenir debe ser un poco más limitada.

Estas organizaciones, no sólo las religiosas sino también algunas organizaciones internacionales y oenegés, pareciera que son las únicas que no han olvidado a los privados de libertad…

Precisamente la ausencia de Estado en las cárceles puede ser cooptada por grupos criminales, por esta creación de derecho intracarcelario. O si lo vemos como algo bueno, por esta participación de la comunidad. El principio que maneja cualquier persona creyente cristiana es un principio de amor al prójimo fundado en “cuando te tuviste hambre te di de comer, cuando te vi en la calle te di abrigo, cuando estuviste preso te visité”.

Hay Iglesias que llevan medicamentos, llevan a los médicos porque no hay médicos. Y sin duda alguna ayudan. Entonces, estando en prisión y teniendo a las iglesias como la única gente que te apoya, decides ir por allí.

Lo que sí veo mal es cuando hay una instrumentalización o un aprovechamiento. A veces se disfrazan algunas personas como religiosas para entrar a cárceles y tener otro tipo de contactos, relaciones sexuales, algunos llevan mensajes de un grupo criminal. Y otras conducen mal tu derecho de expresión. O su libertad de pensamiento de una manera errada. El Estado debe cuidar la cárcel laica, sin prohibir que existan estos mecanismos de aproximación a cualquier creencia. Pero hasta ahora han sido grupos que ayudan.

El presidente recién electo, Alejandro Giammattei, fue acusado en 2010 por el delito de ejecución extrajudicial; un caso que  parte de la sociedad veía con beneplácito. También hay una tendencia a apoyar la mano dura y las políticas represivas de seguridad –como lo mostró el triunfo del Partido Patriota en 2011-. ¿Cómo le explicamos la lógica de los derechos humanos a la sociedad que prefiere una justicia punitiva y represiva?

La lógica de derechos humanos se explica desde la dignidad de cada ser humano. Algo que una sociedad posconflicto con extremas necesidades no logra dimensionar porque cada persona está viviendo momentos de desprotección en su dignidad cuando no se respetan los derechos laborales, cuando se toman medidas con privilegios, cuando ves un Estado corrupto que beneficia a ciertos grupos, cuando no te explicas por qué yo quiero acceder a un modelo de casa y esos modelos de casa son exorbitantes. Cuando los derechos sociales económicos mínimos, y ni siquiera gratis sino con un acceso a ellos, no están garantizados, la sociedad se frustra. Si yo no vivo mis derechos humanos, no los voy a entender.

Hoy muchos defendemos el evento de ir a votar bajo la ficción de que ahí estamos eligiendo, es mi derecho humano entonces cómo lo vivo, entonces lo defiendo.

No puede una mujer exigir derechos humanos, por ejemplo, cuando no los está viviendo, está siendo víctima permanente de violencia. Es muy difícil. El habilidoso, el estratega habilidoso que quiere poder ofrecerá prácticas de los extremos. En los privados de libertad: matémoslos. Es la salida sencilla. Pesa más ese sentimiento que la racionalidad de entender que yo tengo derechos y en la medida en que yo los exija, todo se debe normalizar, pero en la medida en que justifico la venganza, facilito el trabajo de cualquier político. Es más fácil proponer eso que otro tipo de salidas.

El sistema está diseñado para que los privados de libertad convivan bajo un régimen militarizado casi. ¿Esto daña el proceso de reforma e inserción social? ¿Podría cambiar?

No lo daña en su justo equilibrio. En estos centros es importante la disciplina para mantener el orden interno. Es muchísima gente conviviendo y se requieren reglas, ciertos controles; eso sucede hasta en casa. Cuando esto se sale de control, es por falta de profesionalidad en los funcionarios. Nunca hay reglas claras y cuando se incumplen las reglas nunca hay disciplina afectiva. Por supuesto, cuando hablo de disciplina no hablo de castigo, sino sobre medidas que corrigen de una forma asertiva, que te hace ver lo malo que fue para la estructura interna y para la convivencia.

Tienen que encontrar un balance. Es para construir no para castigar. Y en este juego, o en este parámetro de construcción asertiva, deberían de servirte para cuando salgas en libertad. No salir con necesidad de venganza.

El código penal en Guatemala todavía habla de los “peligrosos sociales”. De hecho, ese era el criterio para aplicar la pena de muerte hasta que la Corte de Constitucionalidad la eliminó. Pero para la criminología sé existe el “peligroso social”. Hay estudiosos que dicen: si tú naciste de alguien que fue criminal, tú ya eres peligroso. Hay otros que dicen que por tu apariencia física podrías ser peligroso. O por el barrio al que perteneces. Esta construcción de peligroso social a lo que lleva es a juzgarte por quién sos y no por lo que haces. El derecho castiga lo que hiciste no quién eres.

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Existe una teoría sobre que las prisiones deben ser ciudades minúsculas que reproducen en sus defectos y sus virtudes a las ciudades mayúsculas. Entonces, si yo en las cárceles encuentro hacinamiento, muerte, falta de educación, falta de salud, falta de alimentación, lo mismo voy a encontrar afuera. El modelo presume que al tenerlos más cerca, el Estado puede darles más garantías. Pero si el Estado no puede garantizar la estabilidad, o que alguien no morirá por cuestiones violentas con mil adolescentes privados de libertad, cómo te los garantiza para 10 millones en un país.

¿Existe voluntad política para que estos centros de privación de libertad puedan ser una ciudades minúsculas en Guatemala?

No hay voluntad política, no hay visión siquiera de cómo deberían de ser. Nunca hay presupuesto para infraestructura, siempre están basados en una idea unicelular de castigo. Nunca están pensados en arquitectura psicológica que le permita a la persona que está adentro, sentir que está libre para dimensionarse. En otros países se han desarrollado modelos arquitectónicos en donde el privado libertad ve para los lados y no ve ni siquiera el muro, y ve para arriba y logra una sensación de anhelo por lograr la libertad. Algo así cuesta muchísimo dinero pero es un gasto necesario, porque de allí depende mucho la sanidad de la sociedad.

La única circunstancia que se presentó en Guatemala fue desde la Corte Suprema de Justicia en los años 1960, en que algunos abogados de aquel entonces promovieron la creación de las granjas penitenciarias, en donde ya veían el modelo de reinserción de otra manera. Siempre con una visión agrícola del país, que dictaba que la mayor parte de privados de libertad serían indígenas, porque son los que se portan mal. Una visión discriminatoria y racial. Pero ha sido el único evento. Y de ahí no vamos a encontrar más que castigo, castigo, castigo, castigo.

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