Caso Mujeres Achí
Un año con sentencia a la espera de justicia
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Un tribunal condenó a cinco expatrulleros de autodefensa civil que violaron a un grupo de mujeres achies, durante el conflicto armado interno en Guatemala. Las mujeres esperaron 40 años por un juicio. A un año de la sentencia emitida en enero de 2022, esta no queda en firme mientras los tribunales no resuelvan las apelaciones presentadas por la defensa y la Procuraduría General de la Nación.


«Esperamos que cumplan con nosotras, como mujeres, porque no se ha cumplido. Nosotras esperamos, ya ajustó un año», dijo Máxima García, una de las 36 sobrevivientes que denunciaron la violación en 2011. 

Hubo juicio y sentencia hace un año, en enero de 2022, pero la espera de justicia efectiva continúa porque la sentencia aún no está firme.

El juicio culminó en una condena de 30 años de prisión para cinco expatrulleros por los delitos contra los deberes de la humanidad, en su modalidad de violencia sexual. Sin embargo, la sentencia no se ha cumplido pues quedará firme hasta que se resuelvan las impugnaciones. 

[Lee aquí: Caso Mujeres Achi: la condena llega 40 años después de los crímenes]

El 24 de enero de 2023, las sobrevivientes y sus abogadas, de la Asociación Bufete Jurídico Popular (ABJP) de Rabinal, entregaron un memorial para solicitar que se resuelvan las apelaciones presentadas por los abogados defensores de los expatrulleros y de la Procuraduría General de la Nación (PGN). 

Máxima García, Margarita Alvarado y Pedrina López viajaron desde Rabinal, Baja Verapaz –a 182 kilómetros de Ciudad de Guatemala– para presentarse a la Torre de Tribunales, cuando se cumple un año de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A. 

Mientras el fallo no esté firme, las sobrevivientes, sus familias y sus comunidades tampoco  pueden acceder a las medidas de reparación digna que incluye la sentencia, entre otras, instalar puestos de salud en las comunidades donde residen las sobrevivientes: Xocop, Guachipilin, y Buena Vista, en Rabinal, Baja Verapaz, para que reciban atención urgente en salud y cuando lo requieran.

[Lee la nota: «Planes de salud, becas y una petición de disculpa del Ejército como reparación para las mujeres achies»]

Tres mujeres presentan memorial en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.
Tres mujeres presentan memorial en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Fotografía: Angélica Medinilla.

«Denunciamos públicamente que la sentencia no está firme porque la Procuraduría General de la Nación insiste en negar la responsabilidad del Estado y persiste en incumplir el deber internacional de reparar las violaciones graves a derechos humanos», se lee en el comunicado que compartieron afuera de la Torre de Tribunales. 

Según el documento de apelación presentado por la PGN, las órdenes del tribunal se encuentran fuera del ámbito jurisdiccional, no respetan la independencia de poderes y son ilegales. Los argumentos de la PGN son que la sentencia no puede obligar al Estado a cumplir con las medidas de reparación, debido a que ya es un derecho de acceso a la salud o que contradice lo que establece la Constitución Política de la República.

Ante estos alegatos, Lucía Xiloj, abogada del ABJP, asegura que «el Estado no lo ha cumplido como un derecho mínimo [acceso a la salud] y tampoco lo quiere cumplir a través de una sentencia». 

Xiloj destaca que el hecho de que ninguno de los argumentos de las apelaciones niega que hubo violaciones a las mujeres, es decir, que no apelan la culpabilidad. La PGN se centra en las órdenes de medidas reparatorias y los alegatos de la defensa piden que se cambie el delito, porque aseguran que no fueron violaciones sistemáticas.

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Además de la apelación de PGN, se deben resolver las impugnaciones presentadas por la defensa de los cinco condenados, quienes alegan que no cometieron delitos de lesa humanidad porque aseguran que actuaron como personas particulares. 

«Solo estaba acompañado de mi hermano, no tenía armas, no estaba cumpliendo órdenes de nadie ni del Ejército, ni de los comisionados militares ni de la guerrilla», se consigna en el documento de la apelación presentado por la defensa de Bembenuto Ruíz Aquino, uno de los condenados.

Las apelaciones debían resolverse en julio de 2022. Pero hasta el momento, no hay fecha definitiva para que se conozca la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Xiloj dice que esperan la notificación en febrero, aunque todavía no tienen certeza. Ocote consultó a la Sala para conocer los motivos del atraso y fecha de resolución, pero indicaron que aún no hay fecha y las razones de las demoras serán notificadas solamente a las partes involucradas en el proceso judicial.

La sentencia

Los condenados son Bembenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Los cinco eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un grupo de civiles armados creado por el Ejército para enfrentar a la guerrilla durante el conflicto armado interno.   

La sentencia de 2022, que no se ha cumplido, estableció que el Ejército, junto con las PAC, habían desaparecido a los hombres de las comunidades de Rabinal, Baja Verapaz, y llevaban a mujeres a destacamentos militares.  

«En Xococ –aldea de Rabinal– existió una estructura militar que tenía su escuadra, su pelotón, comandantes y patrulleros», explicó el juez Gervi Sical en enero de 2022 en una síntesis de las pruebas que se conocieron en el juicio.

Mujeres achi escuchan la sentencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A. Fotografía: Sandra Sebastián.
Mujeres achi escuchan la sentencia en el Tribunal de Mayor Riesgo A. Fotografía: Sandra Sebastián.

Los patrulleros, según el fallo, estaban bajo la responsabilidad de los comandos militares. Sical explicó que las PAC no eran una organización espontánea de la aldea, sino que eran «una estructura administrativa» y «los comandos militares» solicitaban las municiones que usaban como parte de la estrategia subversiva.   

El tribunal concluyó que las mujeres achies fueron convertidas en un objetivo de guerra para lograr el «vencimiento de las personas consideradas como enemigas», para lo cual usaron la fuerza física y psicológica. Hubo sentencia de 30 años de prisión, pero no se ha cumplido.

[Lee aquí la crónica «El abrazo de Margarita»]

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